Martín Pérez Monteverde, Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)
El Comercio, 24 de julio de 2016
Los peruanos coincidimos, hoy más que nunca, en que debemos unir esfuerzos para que nuestro país siga la senda del crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, vemos con preocupación el alto nivel de tolerancia de la sociedad frente a los actos de corrupción que afectan la vida de millones de peruanos. La corrupción es –por amplio margen– el principal problema percibido en el Estado y, además, se ha incrementado en los últimos años. Necesitamos tomar acciones institucionales concretas.
Ante esta realidad, diecisiete gremios empresariales hemos decidido emprender una iniciativa inédita para conformar el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), una organización sin fines de lucro que nace con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los graves efectos que la corrupción trae a los ciudadanos, promover prácticas públicas y privadas basadas en la transparencia y liderar esfuerzos empresariales para que cada vez más empresas se rijan por altos estándares de gobierno corporativo. Dejaremos de ser espectadores para convertirnos en actores.
Desde el CPA trabajaremos para plantear recomendaciones de políticas públicas que promuevan, entre otros, la reducción de la discrecionalidad del funcionario público, el incremento de la transparencia de los procesos administrativos, la reducción de las trabas burocráticas que incrementan las oportunidades para el pago de coimas y el financiamiento de los partidos políticos. El CPA también será un espacio de apoyo para las iniciativas que vienen impulsándose en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que recibió ya el apoyo de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio durante la segunda vuelta. Estaremos juntos en este objetivo nacional.
Quisiera hacer una mención especial sobre la mejora del financiamiento de nuestro sistema político. Quienes creemos en la democracia estamos convencidos de que necesitamos mayor institucionalidad, necesitamos sistemas políticos fuertes, partidos políticos transparentes, que la política se revalorice y que, así como queremos los mejores médicos, tengamos a los mejores políticos que gobiernen correctamente el país (hoy el Perú ocupa el puesto 130 de 140 países en cuanto a confianza en los políticos según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, 2015-2016). Para lograrlo, se necesita definir una buena ley de partidos que les asegure los recursos económicos necesarios para que no dependan de grupos de poder formales ni informales o, peor aun, ilegales. El financiamiento, sea público o privado, debe ser transparente y deberíamos saludar a quienes así lo hagan. Debemos darles las herramientas necesarias para que sean buenos gobernantes.
Hace unos meses, en el marco de la incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se aprobó la Ley de Responsabilidad Autónoma de la Persona Jurídica. Una de las primeras acciones del CPA será la conformación de un grupo de trabajo de cumplimiento que ayude a elevar los estándares anticorrupción en las instituciones que conforman el CPA. En concreto, buscaremos el establecimiento tanto de códigos de conducta como de mecanismos de cumplimiento dentro de las organizaciones empresariales, como se ha hecho en la Confiep con sus directores y en algunos otros gremios.
Como ciudadano, creo que es clave entender que la corrupción no es algo que afecte al Estado en abstracto, afecta al ciudadano en concreto. Cuando un funcionario desvía fondos para su beneficio, hace que tengamos menos patrulleros, menos hospitales y menos colegios. Nos perjudica a todos pero, sin duda, más a quienes menos tienen. Cuando un funcionario público prefiere adquirir un bien de sus amigos o de quienes le pagan una coima, son los proveedores correctos y más competitivos a los que se les impide ganar en buena lid y los propios ciudadanos beneficiarios a quienes se nos hace trampa. El problema de la corrupción tiene rostro humano, el de millones de peruanos. Es clave hacer participar en esta cruzada a toda la sociedad, por ello, vamos a lanzar en las próximas semanas una campaña de sensibilización para reducir nuestro nivel de tolerancia frente a la corrupción.
Estamos seguros de que, conforme mostremos avances concretos desde el CPA, otras organizaciones de la grande, mediana y pequeña empresa tanto del norte, como del centro, sur y Amazonía del país se unirán a esta iniciativa, para hacer de la lucha frontal contra la corrupción un objetivo común y una prioridad en la agenda de todo el sector privado. A ellos, nuestra invocación desde esta columna para que se sumen a esta cruzada sin retorno.
Estoy convencido de que en la lucha contra la corrupción, todos debemos mejorar. Es una tarea de los gremios empresariales, partidos políticos de derechas e izquierdas, sindicatos, funcionarios públicos, universidades, etc. Nadie está libre de pecado. Desde todos los frentes, necesitamos implementar acciones que nos permitan separar las conductas ciudadanas correctas de las equivocadas. Al final del día, se trata de dejarles a nuestros hijos un país mejor, donde se pueda vivir sin hacer ni tolerar la trampa. Un país donde nos respetemos todos. Hagámoslo juntos.
Lampadia
