Por: Martín Naranjo
Perú21, 12 de Junio del 2023
“El problema es que estos descubrimientos son extremadamente costosos y que el costo de cada uno de estos descubrimientos es pagado, precisamente, por quien se pretendía favorecer”.
Desde el Código de Hammurabi en Babilonia hace más de cuatro mil años, pasando por el edicto romano en los tiempos del emperador Diocleciano o el sistema Chou de la China en los tiempos de Confucio hace más de dos mil años, pasando también por lo que vivimos aquí mismo en el Perú de finales de los ochenta, hasta lo que vemos en la actualidad en Argentina, los gobernantes han tratado, una y otra vez, de negligir el funcionamiento de los mercados introduciendo controles de precios, solamente para volver a descubrir que ni con el mayor poder imperial imponiendo penas tan severas como la pena de muerte ha sido posible derogar la ley de la oferta y la demanda.
Una y otra vez descubrimos que los controles de precios no solamente no funcionan, sino que tienen efectos muy contrarios a los esperados. Volvemos a descubrir que terminan perjudicando a quien se quería beneficiar. El problema es que estos descubrimientos son extremadamente costosos y que el costo de cada uno de estos descubrimientos es pagado, precisamente, por quien se pretendía favorecer.
Por ejemplo, las tasas de interés son precios. Haber impuesto topes, como advertimos en su momento, ha generado exclusión y mercados negros. Y no ha protegido a los que menos tienen; al contrario, los ha dejado sin acceso, los ha excluido del crédito formal y los ha condenado a trabajar con prestamistas informales. Hemos vuelto a descubrir que los topes a las tasas de interés son el mejor aliado de los mercados negros, esos de la moto y del gota a gota: hoy los créditos informales mueven más de mil millones de soles al año, la mitad de esos créditos tienen tasas mayores a 500% y una de cada tres personas con retrasos en estos créditos ha recibido amenazas de violencia.
De igual manera, las comisiones interbancarias son precios por un servicio que cuesta proveer y es claramente diferenciable. Para poder cobrar comisiones, estas deben ser previamente autorizadas por la SBS demostrando, precisamente, que son servicios no inherentes a otros productos y que efectivamente son distintos y cuesta proveerlos. Eliminar comisiones, como pretende un reciente proyecto de ley de la Comisión de Defensa del Consumidor, es también introducir controles de precios. De hecho, el precio se fija en cero y, como ha pasado siempre que introducimos topes por fuera de las decisiones voluntarias, lo que sucederá es que se generarán deterioros y más informalidad. Como señala la opinión de la SBS, el proyecto de ley podría generar que se deje de proveer el servicio, podría generar el rompimiento de la cadena de pagos y los efectos negativos serán mayores en las zonas más alejadas.
En resumidas cuentas, cuando la legislación atenta contra la libre competencia y la libertad de contratación, lo que en realidad está haciendo es preparar el camino para volver a descubrir que querer derogar la ley de la oferta y la demanda es tan sabio como querer derogar la ley de la gravedad.
