Por Marcos Ibazeta Marino
Expreso, 18 de enero del 2018
Desde que tenemos uso de razón hemos escuchado que el Perú nunca ha podido consolidarse como nación ni menos como Estado, porque nadie, desde el poder, apostó nunca por construir una institucionalidad que distribuyera el poder con un mutuo control para alcanzar gobernabilidad y gobernanza.
El problema parece ser que nadie tiene la menor intención de someterse a controles institucionales en el ejercicio del poder, de modo que si, desde el poder nadie quiere ser controlado ni respetar las reglas jurídicas que constituyen controles sociales, toda la sociedad en su conjunto también rechazará la imposición de reglas de comportamiento, porque la norma social que proviene de estos usos y costumbres es la de no acatar ni respetar nada y menos cuanto más poder se tiene.
El momento actual refleja trágicamente esta realidad: tenemos un gobierno muy débil, la institucionalidad no funciona con eficacia y ni siquiera hay coordinación interinstitucional efectiva como quedó demostrado con el sismo en Arequipa; tenemos disputas, al parecer irreconciliables, entre los grupos políticos en el poder, pero también una crisis similar al interior de los mismos; no se percibe que exista una ruta de gobierno para destrabar inversiones, iniciar las grandes reformas que requiere el país; no hay capacidad de gestión para enfrentar desafíos de la naturaleza, porque allí vemos al Norte del país esperando todavía la reconstrucción por daños ocasionados hace más de un año y nada de nada, lo que nos hace suponer que si el sismo de Arequipa ha causado daños severos, pasarán años para solucionarlos y así podríamos hacer un listado muy grande de ineficiencias.
Los peruanos estamos enfrentados los unos con los otros con posiciones irreconciliables mitad contra mitad. Ahora la mayoría quiere vacar al Presidente en un remolino de desorden político y social, que se agrava con la cada vez mayor agresividad de la delincuencia común que cada día se organiza más, tanto que algún despistado alcalde, les pide por favor que no roben durante la visita del Papa, en vez de adoptar medidas institucionales de seguridad; y todo esto en medio de una podredumbre moral generalizada por la corrupción política y social que no debe quedar impune, lo que exige una mayor fiscalización y control por resultados sobre los operadores de justicia.
La peor afrenta para el Perú como país es la tendencia de cierta gente para someter todos nuestros problemas al arbitraje de siete personas que conforman una Corte Supranacional y si eso será así siempre, ¿para qué necesitamos soberanía?
