Por: Marcial García, Socio de Impuestos de EY Perú
El Comercio, 14 de agosto de 2019
Minutos antes de lanzar la bomba del “¡Nos vamos todos!” en su mensaje por Fiestas Patrias, el presidente Vizcarra anunció la presentación de un proyecto legislativo para una nueva Ley General de Minería (LGM).
El jefe del Estado justificó su decisión argumentando que “la norma tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario actualizarla”. Y continuando con las explicaciones, el ministro de Economía recordó en una entrevista que “la actual ley ha sufrido parches que a veces no han sido muy consistentes entre sí, como en el tema de los convenios de estabilidad tributaria, tal es así que propusimos el año pasado solucionarlo”. Ello mediante un proyecto de reforma enviado al Congreso que, paradójicamente, aún no se aprueba.
A la luz de los hechos, empero, queda la sensación de que están cediendo ante las presiones de las autoridades regionales del sur, quienes solo unos días antes exigían una nueva LGM en medio de las protestas contra Tía María. A esa solicitud se sumó el recientemente condenado gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, para plantear que la administración de la gran minería pase a los gobiernos regionales.
Como era de esperar, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, tampoco dejó pasar la ocasión para confundir irresponsablemente a la opinión pública. Ignorando, de plano, que las mineras soportan una carga fiscal que fluctúa entre 42% y 52% de la utilidad y que ello no depende de la LGM, anunció que viene trabajando su propio borrador de LGM para que “paguen el 80% de impuestos y no el 2% como en la actualidad”.
Frente a unas posibles elecciones, la propuesta presidencial para reformular una ley tan controvertida resulta inoportuna y solo siembra incertidumbre, desincentivando la inversión. Lo más preocupante es la orientación que pueda tener en un contexto de conflictos mineros con tinte político. Lo que está claro es que, a mayor polarización, mayor probabilidad de que posturas radicales ganen respaldo.
Una nueva LGM debe ser producto de una reflexión técnica seria, sin apresuramientos ni imposiciones. Solo conseguiremos un marco normativo más equilibrado y coherente para la minería, que promueva verdaderamente la inversión, dejando de lado la demagogia, la politización y el aprovechamiento electoral.
En esta coyuntura, mejor habría sido impulsar los cambios que están pendientes en el Parlamento y esperar a que el próximo gobierno haga una revisión integral de la LGM, máxime cuando el Ejecutivo tendría poco tiempo para concretar la medida en un proyecto de ley y los períodos de maduración de modificaciones de este calibre suelen ser bastante largos. Incluso si el gobierno de Vizcarra está a la altura del reto, su tensa relación con el Legislativo pone todo aún más cuesta arriba.
El mandatario ha dicho en un polémico audio sobre Tía María que “hay momentos para retroceder”. Ojalá tuviera esa misma convicción en un caso en que sí convendría dar marcha atrás por el bien del país.
