María Luisa Fornara, Representante de Unicef en el Perú
El Comercio, 06 de abril de 2016
Este domingo, 23 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a quienes gobernarán el país. Esta elección también impactará en la vida de más de 10 millones de niños, pues, aunque ellos no votan, serán quienes hereden las consecuencias de los aciertos y desaciertos de la gestión gubernamental.
Coincidentemente, el 10 de abril es también el Día del Niño Peruano. Esta fecha fue establecida en el 2002 con la Ley 27666 y señala la obligación del Ejecutivo – representado por el jefe del Consejo de Ministros– de rendir cuentas ante el Congreso de la República sobre los avances de las metas establecidas en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. No dudamos de que este informe resulte esperanzador.
El Perú es un claro ejemplo de políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia que trascienden a los gobiernos de turno. La creciente inversión dirigida a niños y adolescentes, que en el año 2015 representó el 25% del presupuesto público total y ascendió a S/31.782 millones, lo confirma.
Sin embargo, las características geográficas del país, su estructura social, idiosincrasia y pluriculturalidad demandan mayor y permanente esfuerzo para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos a la niñez. La agenda es muy amplia y requiere que se prioricen algunos aspectos, se fijen metas y se asuman compromisos para que la niñez tenga igualdad de oportunidades en todo el país.
Por ello, la Defensoría del Pueblo y Unicef les han planteado a los candidatos a la presidencia que asuman el compromiso por la igualdad de oportunidades para la niñez y adolescencia peruanas. Se trata de una plataforma de acciones necesarias que, en los próximos cinco años, contribuya a resolver temas puntuales en salud, educación y protección de derechos.
Las metas planteadas son concretas. Por ejemplo, en salud se propone reducir a menos de 10% la desnutrición crónica en menores de 5 años y a la mitad la anemia infantil –que en el 2014 afectaba al 47% de niños menores de 3 años–. También disminuir en 20% el embarazo adolescente y garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento básico para la población que reside en la zona rural.
En educación se considera clave asegurar que por lo menos el 85% de niños concluya oportunamente la primaria y el 75% de adolescentes culmine a tiempo la secundaria.
La plataforma relacionada con protección demanda comprometerse con la prevención y reducción drástica de la violencia y la explotación contra los niños y adolescentes. En el Perú, más del 25% de los padres usa la violencia –en forma de golpes y castigos físicos– para corregir a sus hijos. Si aspiramos a una sociedad pacífica, respetuosa y tolerante, hay que tomar en cuenta que los primeros pasos para construirla se dan en el seno familiar.
La agenda está planteada y varios candidatos han suscrito el compromiso. Logremos que el mundo adulto tenga una causa común: que la niñez y la adolescencia peruanas gocen de sus derechos. Lampadia
