Maite Vizcarra
El Comercio, 5 de setiembre del 2024
“Más temprano que tarde, el sistema financiero público y privado en el Perú empezará a ensayar soluciones tecnológicas de rastreo y de fácil implementación”,
La última Encuesta de Poder publicada por “Semana Económica” ha terminado por confirmar lo que era un secreto a voces en el país: las economías ilegales –que engloban actividades como el narcotráfico, la minería y la tala ilegal, y las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, la extorsión, entre otros delitos– se han convertido en el segundo actor más poderoso del país (con un 45% sobre 100%), incluso por encima del Ejecutivo (36%) y solo por detrás del Congreso (89%).
Esta confirmación también expresa lo bien organizado que está el crimen que campea en las calles y en casi cualquier espacio público, expresando cómo es que algunas actividades comerciales emparentadas con el crimen empiezan a normalizarse al tornarse en una solución social y económica para gran parte de la gente en el Perú.
Es por ello que todos los esfuerzos que se tengan que desarrollar de aquí en adelante para enfrentar a esta criminalidad sofisticada y ultraorganizada va a requerir de apoyos transfronterizos, mucha estrategia y harta inteligencia artificial (IA).
Porque probablemente la manera más frecuente en la que esas economías ilegales penetran en la vida de todos nosotros es justamente a través de una serie de prácticas que se identifican claramente con el lavado de activos. Pero la criminalidad ya lo inunda todo, casi al mejor estilo marxista de las llamadas superestructuras: los delitos empresariales –¿alguien dijo Lava Jato?–, el tráfico de personas, las extorsiones de cada día, etc. Las dimensiones de los llamados flujos financieros ilegales son respetables, y para el caso de países como el Perú pueden suponer movimientos que van en el orden de los US$20.000 hasta los US$40.000 millones cada año, debido, específicamente, a los sobornos.
Ahora bien, para consuelo nuestro, habría que decir que este problema ya tiene iniciativas de colaboración que la cooperación internacional está impulsando fuertemente, como es el caso de la Cooperación Alemana vía su agencia GIZ. Y probablemente en lo que más cooperación se va a necesitar en el cortísimo plazo para atajar a la criminalidad de alta estofa será en el uso y compartición de aplicaciones tecnológicas de rastreo y transparencia, entre los que la IA será también la vedette.
Justamente, la IA, los sistemas de ‘machine learning’ y la analítica de datos ayudan a detectar las imbricadas rutas que los flujos financieros ilícitos toman para escurrirse de la justicia. A través de aplicaciones de IA es posible identificar cierta información que no es tan fácil de encontrar, dado que muchas prácticas de lavado se hacen en cuentas pequeñas y entre muchas personas, siendo imperceptibles para los sistemas formales. Pero la IA puede rastrear detalles que se le escapan hasta al más aguzado sabueso.
Más temprano que tarde, el sistema financiero público y privado en el Perú empezará a ensayar soluciones tecnológicas de rastreo y de fácil implementación, gracias a la cooperación internacional.
Y, junto con esas acciones, también es crítico empezar a involucrar más a la ciudadanía de la mano de la opinión pública en esta lucha, mediante más información, activismo digital y aplicaciones de denuncia que bien pueden hackear a la criminalidad más sofisticada.
Porque lo bueno de la digitalización es que puede convertir a cualquier ciudadano en miembro de una patrulla antilavado, que tendría una escala de millones, al menos de 34 millones de personas.
