Por: Alvaro Monge Zegarra, Socio de Macroconsult
Gestión, 1 de abril de 2020
La emergencia sanitaria que vive el Perú y que, al parecer, durará algunos meses más ha desnudado deficiencias en el sistema de protección social del país, sobre todo en el ámbito urbano.
El problema no es menor, ya que los efectos económicos y sociales de la crisis y de las medidas de contención para evitar su propagación se estarían concentrando en la mencionada zona. Ocurre que el modelo urbano, a diferencia del rural, era simple: el crecimiento económico a partir de la generación de puestos de trabajo aseguraba el incremento del ingreso de los ciudadanos y, a partir de ahí, la superación de sus brechas de bienestar. Este supuesto, por lo menos en los últimos 15 años, se verificó: la pobreza cayó desde 48% (2004) hasta 14% (2018). Mientras tanto, la mayor incidencia de pobreza rural (42%:2018) y su menor vinculación a los mercados hacían razonable que el esfuerzo de los programas sociales se pusiera allí.
No obstante, dicho sistema fue ciego al tipo de empleos que se generaron año tras año en las ciudades y no reparó en si los mayores ingresos generados eran estables o no. Por ello, si bien se redujo la pobreza, no fue así con la vulnerabilidad; es decir, con el riesgo que enfrentan los ciudadanos de caer o retornar a la pobreza frente a choques de distinta naturaleza (enfermarse o dejar de trabajar).
Usando la Enaho y diferentes definición de vulnerabilidad, la población no pobre pero vulnerable en el Perú se ubicaría alrededor del 30%. Esta es una cifra comparable con la estimada por Javier Herrera y Angelo Cozzubo en su estudio del 2016 “La vulnerabilidad de los hogares a la pobreza en el Perú, 2004.2014”, quienes a su vez muestran que el indicador tuvo un incremento en las épocas de mayor crecimiento económico.
Mas del 60% de las familias no pobres pero vulnerables del país vive en zonas urbanas, y están conformados por grupos claramente independientes e informales. Sin embargo, a pesar de ser un grupo notorio son muchas veces invisibles a la acción del Estado: carecen de seguridad social, políticas que fomenten su ahorro previsional, un entorno de garantías mínimas para su ingreso o incluso mecanismos que posibiliten una rápida acción del Estado si es que necesitaran atención.
Por ello, las acciones desplegadas por el Gobierno para atender a este grupo durante la emergencia deben ser destacadas y reconocidas, ya que se están realizando donde no existe una infraestructura mínima sobre la cual actuar.
A su vez, deben ser un llamado de atención para la misma burocracia estatal y servir como antecedente en la construcción de una red de protección social urbana que ponga en relieve la necesidad de políticas proformalización y redefina la estrategia de lucha contra la pobreza y vulnerabilidad en estas localidades. Solo así, y una vez que pase la emergencia, estaremos seguros de estar avanzando.
