Los resultados de la prueba PISA han generado un intenso debate. Lamentablemente, este debate se debió haber dado hace dos años y no ahora. Por un lado, no tiene sentido responsabilizar al actual gobierno por los resultados de la prueba PISA 2012. También resulta un consuelo absurdo decir que estamos mejorando en los puntajes y dar excusas inaceptables como que los países son distintos o que nos comparamos con países desarrollados.
Realicemos un ejercicio contrafactual. Supongamos que hubiésemos tomado una prueba estandarizada al Perú y Corea en la década de 1960. ¿Cuáles hubiesen sido los resultados? Quizá los peruanos hubiesen salido bastante mejor que los estudiantes coreanos. Más aún, en esos momentos el PBI per cápita peruano era el triple que el coreano.
Volvamos al presente: los resultados han cambiado drásticamente. Mientras Corea figura entre los primeros puestos, el Perú está al final. La reforma educativa coreana en la década de 1980 y nuestro continuo deterioro explican esta situación. El dato de que el PBI per cápita de Corea es ahora tres veces mayor que el peruano ya empieza a explicar.
El debate educativo no tiene que darse sobre los resultados de PISA, que, previsiblemente, seguirán siendo muy malos en los siguientes años. El debate debe darse en función del diseño institucional existente y de las políticas públicas que se están implementando en el sector. Por desgracia, lo realizado en estos dos años, a pesar del discurso político, no mejorará la educación pública y terminará en mayor desigualdad educativa. Veamos por qué.
El tema educativo es complejo y tiene varias aristas, pero la base del aprendizaje tiene que ver con el binomio alumno-profesor. Concentremos la discusión en la base del problema, pero reconociendo que otros temas como infraestructura, materiales educativos y aspectos administrativos y de gestión de la institución educativa son aspectos que deben ser abordados.
Respecto al niño, la parte crucial es el desarrollo neuronal, que ocurre en los primeros 36 meses de vida. El cambio de énfasis en la política social, con una amplificación y desfocalización de los programas sociales que desatiende el programa articulado nutricional con comprobado éxito en reducción de la desnutrición infantil, es un severo retroceso.
Respecto al profesor también hemos visto graves retrocesos. Luego de 40 años de politización del magisterio, en el gobierno anterior se optó por una nueva ley de carrera magisterial que daba fuertes incentivos remunerativos a los maestros que ingresaran voluntariamente a esta ley. Los maestros estaban sujetos a evaluación anual y despido si eran desaprobados en tres oportunidades. Luego de algunos años de vigencia de la nueva ley se tuvo como resultado un ingreso total de 50 mil maestros, en términos gruesos. Esto es, de los 350 mil maestros, solo una sétima parte optó por la nueva carrera.
La conclusión del actual gobierno fue que la ley no era “inclusiva” y había que cambiarla. Esa es una falacia que contrasta con un hecho más dramático aún que la prueba PISA. En la evaluación tomada a los profesores en el 2007 se obtuvo que cerca del 50% no comprende lo que lee y que solo el 1,5% tiene habilidades suficientes en razonamiento matemático. ¿Cómo pretendemos que nuestros estudiantes salgan bien en pruebas internacionales si no tienen un buen desarrollo neuronal –y, por tanto, reducidas capacidades de aprendizaje– y, por otro lado, los maestros no tienen los conocimientos suficientes?
La ley de la carrera magisterial anterior no era el problema; el problema es que solo tenemos 50 mil maestros y existen 300 mil personas que fungen de maestros. Esa es nuestra realidad. En vez de reconocerla y trabajar sobre una recomposición de la calidad de los maestros a través de los nuevos ingresantes a la carrera, con buenos sueldos e incentivos correctos (usando el modelo finlandés), se optó por volver a juntar a los 350 mil maestros nuevamente.
Si se les toman las pruebas correspondientes a todos ellos, ¿se podrá despedir a 150 mil o 200 mil maestros de una sola vez? No. Ni aquí ni en ningún país se puede hacer eso. ¿Qué pasará entonces? Las pruebas tendrán que bajar de nivel y tendremos malos maestros ganando mejores sueldos (que no se podrán seguir aumentando) y seguiremos en el infierno de la mediocridad.
¿Qué pasará? Dado que la calidad de la educación pública se deteriora, sin mejor infraestructura y sin mejores maestros, las personas que mejoren sus ingresos enviarán a sus hijos a colegios privados cada vez de mejor calidad por la competencia. El nivel promedio de la calidad educativa seguirá siendo bajo, pero la desigualdad se seguirá incrementando. Como reza el viejo refrán, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Publicado en El Comercio, 10 de diciembre de 2013
