Liliana Ruis de Alonso, Especialista en Telecomunicaciones
El Comercio, 13 de setiembre de 2017
La salida de Virgin Mobile de nuestro país indica que posiblemente las condiciones actuales no eran las adecuadas para que este operador móvil virtual (OMV) lograra sus expectativas de rentabilidad.
Internacionalmente, este OMV es el que más notoriedad ha alcanzado dentro del grupo de operadores sin red de telecomunicaciones propia. La idea central cuando los reguladores introdujeron la participación de este tipo de operadores consistió en que estos crezcan en ciertos nichos rentables que pudieran ser complementarios a los grandes negocios de los operadores con red y que gradualmente puedan ir equipándose mejor (es decir, que logren desplegar su red propia).
La salida de Virgin del Perú manifiesta que este modelo –importado de Estados Unidos y Europa– puede encontrar dificultades en algunos mercados latinoamericanos en los que no podemos enorgullecernos de la estabilidad jurídica y normativa.
Virgin reclamó dos temas a las autoridades: el alto costo de la identificación biométrica de sus nuevos usuarios (recientemente introducida y que ha afectado financieramente a todos los operadores) y una desventaja regulatoria en los cargos de interconexión de redes de telefonía que se pagan entre operadores. En ambos temas, el sector requiere predictibilidad y razonabilidad para que las inversiones fluyan.
La identificación biométrica parece idónea para que no haya usurpación de identidades al momento de contratar un servicio móvil. Sin embargo, su costo (un pago al Reniec) afecta los negocios obligados a usarlo.
Por supuesto que esto debió sorprender a Virgin. Dudo que tenga que pagar por esta información en algún otro país en el que opere, ya que es usual que el Estado ponga a disposición de la sociedad bases de datos adecuadas para identificar sin costo a sus ciudadanos.
En interconexión, la desventaja aludida es cierta. En el 2005 nuestro regulador se equivocó y dispuso cargos diferenciados para cada uno de los operadores. Es decir, cada operador paga un monto cuando envía una llamada que es diferente al que cobra cuando recibe una llamada en su red. El Osiptel está revisando esa norma y ha anunciado que los nuevos cargos serían muy cercanos a cero.
Ojalá que no se sigan diferenciando estos valores entre operadores porque eso limitaría el espectro de negociaciones posibles para cualquier OMV que quiera alquilar una red. Cualquier OMV siempre buscará la red con menor desventaja regulatoria. Asimismo, el cargo de interconexión de voz igual a cero (es decir, no se paga entre operadores) se condice mejor con las condiciones tecnológicas de las redes móviles que dentro de poco serán totalmente redes de datos.
Diversas propuestas invitan a cambiar la regulación para que al ingresar un nuevo OMV pueda tener mejor vida en este mercado. Esto, sin embargo, es muy precipitado y riesgoso. Con la normativa actual ya se compite fieramente en el sector, las tarifas se vienen reduciendo y la calidad también está mejorando gracias a esta competencia. Hace un par de años se prepublicó una norma muy detallista que felizmente no fue aprobada porque adolecía de gruesos errores técnicos. Ojalá no se cometa un error parecido.
Insisto, debe priorizarse la predictibilidad. Cualquier nuevo OMV agradecería una agenda regulatoria para por lo menos tres años. Solo así estos negocios podrán sostenerse.
Lo cierto es que se ha evidenciado que, comparado con un operador con red, es mucho más fácil que un OMV se retire de un mercado complicado porque tiene pocos costos hundidos. La competencia siempre es bienvenida porque favorece a los usuarios. Pero no necesariamente un mercado con más competidores es siempre mejor que uno con menos jugadores. Cuenta más la intensidad competitiva y los resultados en tarifas y calidad del servicio.
