Por: Juan Stoessel
Perú21, 22 de julio de 2018
Digámoslo claro: Airbnb no es el enemigo de nadie. Al contrario, es una fuerza positiva para el turismo. No solo incrementa la oferta de alojamiento –requisito indispensable para sostener el crecimiento de visitantes al que aspiramos–, sino que ha sabido responder a las necesidades de un nuevo tipo de viajero que no sintonizaba con las propuestas tradicionales. Lo que a su vez está impulsando que la industria hotelera se adapte y evolucione mediante la innovación. Y si a eso sumamos que la referida plataforma permite a propietarios de inmuebles acceder a una fuente de ingresos adicional, vemos nítidamente un círculo virtuoso capaz de beneficiar, por encima de todo, el desarrollo del país.
Sin embargo, justamente a propósito de Airbnb, hemos oído en las últimas semanas voces encontradas, debatiéndose entre hablar de prohibiciones, regulaciones excesivas o no tocar nada en absoluto. Como suele suceder, ninguno de los extremos es el adecuado. Aquí no hablamos de intereses particulares sino nacionales. No se trata de actuar en pro de proteger a tal o cual sector, sino en pro de empujar el gran objetivo nacional de potenciar el turismo.
¿Conviene al país que quienes alquilan vía Airbnb tributen? Por supuesto, como todos los que brindan un servicio. ¿Es recomendable que estos espacios cumplan con las mínimas medidas de seguridad? Lógico, atraer viajeros sin darles condiciones básicas de alojamiento es borrar con el codo lo que se escribió con la mano. ¿Acaso no es posible pensar fórmulas viables para lograr esto?
Ahora no necesitamos polarización sino unión. Elevarnos por encima del ruido y poner el interés del país primero. No caben falsas disyuntivas.
