Hasta el año pasado el Perú se encontraba en el ‘top’ cinco de países mineros más atractivos para invertir en el mundo. Por desgracia, empezamos el 2013 con una nota triste, ya no lo somos. Han transcurrido seis meses desde que el Gobierno Peruano y Newmont decidieron suspender el mayor proyecto minero que se daría en la historia del país. Desperdiciamos así la gran oportunidad de generar más de US$4 mil millones para el fisco peruano y gestar seis mil puestos de trabajo directos en la implementación de tan importante inversión. Un par de meses después, podíamos contabilizar una caída del 18% en la producción de oro en relación con el año 2011. Ya habíamos sido avisados por Macroconsult, que analizó que, en caso la minería se extinguiera en nuestro país, el PBI per cápita sufriría una contracción del 28%, los recursos fiscales caerían en niveles del 40% y volveríamos a un aumento de la pobreza del 50%. Felizmente solo fue un ejercicio. De lo contrario hubiera sido una pesadilla (véase el editorial de El Comercio “Mi(ner)opía”, del 14 de junio de 2012).
Podemos percibir que el Gobierno Peruano hace un denodado esfuerzo para que las futuras inversiones mineras en nuestro país se concreten con éxito. La mayoría de los conflictos en el sector minero son de carácter socioambiental y, según las estadísticas, es mucho mayor el número de conflictos que nacen contra los que logran resolverse.
De ahí que no nos extrañe ver que los conflictos salten de una ciudad a otra, de Cajamarca a Tacna y de ahí a Lambayeque vemos cómo el jefe del diálogo nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc, entabla un diálogo con las comunidades para que proyectos como Conga, Pucamarca y Cañaris no se detengan. Las comunidades se encuentran influenciadas, en gran parte por sus autoridades y por diversas ONG, que están fortaleciendo su presencia en la participación de las mismas. La pregunta es por qué. La respuesta es sencilla: falta de información.
La minería significa no menos del 60% de nuestras exportaciones y tiene muchos impactos positivos en el país, fomenta el empleo (180 mil directos, 500 mil indirectos, 1,9 millones dependientes del sector; en total 2,5 millones dependen de esta actividad; véase “La minería responsable y sus aportes al desarrollo del Perú”, de Roque Benavides Ganoza). Además, mejora los servicios de salud e inversión, tanto pública como privada.
En conclusión, la minería tiene un efecto multiplicador inimaginable. En el sector financiero y en especial el de seguros. Puedo certificar que la minería significa más del 20% de los ingresos de esta industria (directos e indirectos). Para otros sectores económicos como el de la construcción, transportes y comunicaciones, automotriz, comercio y turismo, generación y transmisión eléctrica y manufactura no primaria (cementeras, producción de acero y metal mecánica) es posible que este porcentaje de dependencia se quede corto.
¿Qué pasa con los empresarios que se ven involucrados en todas las industrias que se benefician con el desarrollo del sector minero? ¿Qué apoyo le dan al Estado peruano para resolver estos conflictos? ¿Cómo difunden en la sociedad y sus empresas que dirigentes radicales y ONG que influyen en las comunidades muchas veces adulteran la verdad y confunden a la población? Si no corregimos nuestra actitud y tomamos decisiones al respecto, nuestra situación podría tornarse alarmante. El Perú no se puede dar el lujo de retroceder y la responsabilidad no es solo del Gobierno y de los empresarios mineros, sino también de los empresarios de todos los sectores, pues así la minería no sea su negocio directo, el efecto multiplicador que ella conlleva influirá sin duda en su futuro. Ha nacido un concepto muy poderoso llamado hoy “responsabilidad social compartida”, en el que las empresas mineras, el Gobierno Central, los gobiernos locales, las universidades, las ONG, las comunidades y la sociedad civil buscan y participan activamente en un objetivo común de desarrollo sostenible e inclusivo.
El objetivo de este artículo es comenzar a hacer la palanca que motive a colaborar con este propósito que nos beneficia. Tomemos conciencia, defendamos todos este gran activo de nuestro querido Perú. No podemos observar y callar.
Tomado de El Comercio, 30 de enero, 2013
