Por: Juan Paredes Castro, Analista político
El Comercio, 25 de julio de 2019
Algo sencillamente sorprendente tendrá que hacer Martín Vizcarra a partir del próximo 28 de julio para impedir dos cosas:
1. Que el Estado siga siendo el arca abierta a la criminalidad;
2. Que la presidencia vuelva a ser vista como el ‘bocato di cardinale’ por quienes aspiran a enriquecerse en el poder.
De ahí que el buen propósito de Vizcarra de comprometer a los poderes Legislativo y Judicial en la cruzada anticorrupción no puede alejarlo de su responsabilidad de velar por la salud moral y funcional de su propio poder, el Ejecutivo, y de su propio elevado cargo heredado de Pedro Pablo Kuczynski.
La reforma política puede hacer que designemos mejor a gobernantes, legisladores, magistrados y otros altos funcionarios y que los castiguemos severa y ejemplarmente cuando incurran en delito. El problema es que en tanto la estructura funcional del Estado se mantenga como está, con las mismas leyes, los mismos procesos, las mismas curvas y recurvas de decisión y trámite, los mismos graves vacíos de control y eficiencia y, en fin, las mismas condiciones que alientan y facilitan la corrupción, desde el más pequeño municipio hasta la más elevada cúpula del gobierno central, nada podrá cambiar.
Quien quiera saltarse un conflicto de interés, lo saltará; quien quiera torcer un concurso abierto, lo torcerá; quien quiera alterar los valores finales de un contrato, los alterará; quien quiera desviar recursos de una partida a otra, los desviará; quien quiera recibir sobornos de corporaciones privadas, los recibirá; quien quiera diseñar una licitación pública a la medida del concursante favorito, la diseñará; quien quiera pagar facturas de campaña electoral, las pagará.
Consecuente con su fuerte demanda de reformas políticas anticorrupción, Vizcarra tendrá que construir, urgentemente, de la mano de la Contraloría de la República, el más eficiente cerrojo que se haya visto hasta hoy en el Estado contra el robo y contra cualquier otra forma de apropiación ilícita de fondos públicos.
¿Quién tendría que encargarse de dar esencia, forma y cumplimiento a los nuevos procesos y controles en ministerios, gobiernos regionales y municipales y otros organismos del Estado? Quizás la Presidencia del Consejo de Ministros. Se trata de emprender una mini potencial reforma del Estado orientada a que nadie pueda robarle o hacerle perder un centavo al Tesoro Público.
Debiera comenzarse por blindar las funciones presidenciales de todo lo que las hace porosas y vulnerables. Que quien las ejerza no pueda convertir su despacho de Estado en una mesa de negocios privados. El presidente no puede estar abriendo y cerrando contratos de obras. Tampoco gestionando intereses dolosos sobre ministros y demás altos funcionarios. En suma, que quien llegue al poder sepa que por más que quiera robar, sencillamente no pueda robar.
Si hay evidencias de que expresidentes delinquieron en el uso del poder es porque las estructuras de impunidad del Gobierno y del Estado se lo permitieron. Peor todavía, esos mismos expresidentes se llenaron la boca calificando de ladrones y criminales a sus predecesores y enarbolando ante sus electores las supuestamente irreductibles banderas de la anticorrupción.
De poco o nada sirve que la Sunat eleve sus estándares de la recaudación de impuestos si la deficiente gestión pública y la rampante corrupción dilapidan y saquean permanentemente las arcas del Estado.
Si Toledo supuestamente robó lo que robó es porque encontró una presidencia tan vertical como para maniobrar sin escrúpulos sobre contratos y responsabilidades funcionales, a favor de intereses privados corruptos; y tan laxa y vulnerable en sus controles como para que terceros puedan buscar en ella beneficios propios, tal cual pasó antes con Alberto Fujimori y después con Ollanta Humala.
Ojalá podamos recordar a Vizcarra como el presidente que por fin puso en el tablero del presupuesto y tesoro públicos los botones antirrobo efectivos que nos liberen de la vergüenza de ver a nuevos mandatarios camino a la justicia y a la cárcel. ¿Podrá hacerlo? ¿No estaremos pidiendo peras al olmo?
