José Dextre Chacón, Gestor educativo
El Comercio, 27 de setiembre de 2017
Tras anunciarse un nuevo paro nacional de docentes convocado para el 25 de octubre, es importante que como sociedad seamos conscientes de que los paros y huelgas son solo la punta del iceberg del problema real de la educación nacional. ¿Y cuál es ese problema? Mantener un modelo de gestión de la educación pública sustentado en el control y en la inversión del Ministerio de Educación.
El actual modelo es ineficaz, pues carece de recursos e incentivos suficientes para promover un cambio hacia la calidad en el comportamiento del docente y en la gestión del director del colegio público. En un colegio privado, incluso en los pequeños de sectores populares en donde el director es el dueño, la gestión detecta con más facilidad la ineficiencia del docente en el aula, y la competencia por atraer alumnos estimula al director o dueño a demostrar sus méritos a los padres de familia. ¿Qué podemos hacer en el caso de la educación pública?
Mientras que en otros países se experimentan con éxito diversas estrategias de mejora (como la subvención a la demanda en lugar de a la oferta, o la municipalización, para así acercar la realidad del entorno local al colegio), en el Perú persistimos en un modelo de gobernanza tradicional. Tratamos de lograr una oferta universal estatal sin que contemos con los recursos suficientes para ello. Y buscamos que este modelo garantice la calidad de cada uno de los cientos de miles de docentes de los colegios públicos del país.
Quienes tenemos experiencia en gestión de servicios sabemos que su calidad depende de quiénes lo ejecutan directamente. Sabemos que el liderazgo motivacional es clave, pero siempre tiene un límite. El docente público seguirá mal pagado así su sueldo se duplique. La precarización de sus sueldos lo hace sentirse maltratado y, por ende, la ausencia de compromiso es la cultura que prima entre ellos (siempre con honrosas excepciones).
En su gran mayoría no son los mejores quienes eligen la carrera docente, cuando debería ser todo lo contrario, por la trascendencia de su misión. A esto se suman las debilidades formativas en su formación superior, acaso arrastradas desde la educación básica de quienes ejercen como docentes.
Las debilidades metodológicas de los programas de capacitación no corrigen esas deficiencias. En la gestión privada es posible desvincular al personal ineficiente. Aunque con altos costos laborales, es una herramienta posible de usar. ¿Cómo liderar entonces a este grupo que por todo lo anterior, se allana al liderazgo de sectores radicalizados y con agendas perversas?
La única solución es reorientar la gobernanza apoyándose en la iniciativa privada. La gobernanza estatal debe identificar a los colegios privados con buenos resultados de calidad y honestos, y mantener la gratuidad en ellos con el uso del voucher educativo.
Hoy el Estado destina hasta US$100 mensuales por alumno y no es suficiente. Pero ese mismo monto permitiría a un estudiante acceder a un colegio privado de calidad. El Estado debe invertir en acciones para fortalecer a los buenos colegios privados en zonas populares y estimular la competencia entre ellos. Trasladar el problema de la gestión del docente al privado, concesionando infraestructura construida por obras por impuestos, y que sea el privado quien contrate y administre al docente, como los notables modelos exitosos de Fe y Alegría y Coprodeli.
Tenemos que diseñar una estrategia que rompa con la penosa situación actual. Que estimule la meritocracia con la competencia, al fortalecer una gestión privada en función al voucher y más infraestructura construida y gestionada por privados en terrenos del Estado. Solo un camino innovador y disruptivo permitirá que, en algunos años, tengamos docentes comprometidos que cuiden su trabajo al ser evaluados desde una gestión empoderada, local y privada. Profesores preocupados por aprender más, en un contexto en donde la estabilidad laboral depende de sus resultados de enseñanza. Con mejor infraestructura y un sueldo digno. En fin, un modelo competitivo que incentive a preocuparnos siempre por desarrollar óptimamente la vida de nuestros niños y jóvenes.
