Por: José Cueto Aservi
El Comercio, 10 de febrero del 2023
“Es momento de respetar la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, y no dejarnos amedrentar y extorsionar por una minoría organizada”.
La Constitución Política, en sus artículos 90 y 112, establece textualmente que el mandato de los congresistas y del presidente de la República es de cinco años. Existen algunas situaciones extraordinarias que hacen que no se pueda cumplir ese plazo. Por ejemplo, en el caso de la Presidencia de la República, esta vaca por muerte, renuncia, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Parlamento o su destitución debido a las infracciones a la Constitución establecidas en el artículo 117. Respecto del Congreso de la República, si es que ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros, puede ser disuelto por el mandatario, en conformidad con el artículo 134.
No hay otra forma de reducir el período constitucional del presidente o del Congreso. Y en el caso de que salga el presidente, se activa la sucesión constitucional para que pueda ser reemplazado por los vicepresidentes o, en ausencia de estos, por el presidente del Congreso, que debe convocar a nuevas elecciones presidenciales de inmediato. Y respecto de los congresistas, si por algún motivo establecido en el artículo 25 del Reglamento del Congreso no pueden continuar en el cargo, son reemplazados por su accesitario. Todos estos mecanismos están previstos en nuestra Carta Magna para permitir que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo cumplan su período constitucional de cinco años.
Algunos dirán que no sería la primera vez que se reforma la Constitución para adelantar las elecciones, que se hizo en el 2000 de acuerdo con la Primera Disposición Transitoria Especial de la Constitución. Es correcto, pero fue un caso extraordinario y excepcional, que solo confirma que en el texto original de la Constitución de 1993 jamás estuvo previsto el adelanto de elecciones o el recorte del mandato constitucional.
Por otro lado, el Congreso ya ha debatido el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones para este 2023 en muchas ocasiones y en todas ha sido rechazada. Lo que corresponde es que no se vea el tema nuevamente hasta el próximo período anual de sesiones.
El Perú tiene muchos problemas urgentes que requieren atención prioritaria del Gobierno y del Congreso: desempleo, pobreza, desastres naturales, inseguridad ciudadana, falta de salud y educación de calidad. Me parece una completa falta de respeto hacia todos los peruanos dedicar tantas horas, tiempo y recursos a debatir un único tema, descuidando todos los demás.
Es momento de respetar la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, y no dejarnos amedrentar y extorsionar por una minoría organizada que comete actos de delincuencia, violencia y vandalismo que afectan los derechos al trabajo y al libre tránsito de millones de peruanos que quieren llevar honradamente el pan a la mesa de sus hogares.
Sigamos las palabras de nuestro máximo héroe Miguel Grau: “No reconozco otro caudillo que la Constitución”.
