José Arista, Economista
El Comercio, 29 de julio de 2016
Hay dos elementos en el área de política fiscal que caracterizaron la gestión de Ollanta Humala y que urge corregir. De no hacerlo, se podría perjudicar el cumplimiento de los compromisos expuestos por el flamante presidente de la República ayer en el Congreso.
Primero, una recaudación que cae y un déficit que aumenta. Y segundo, el gobierno de Humala dejó una Ley de Transparencia y Fortalecimiento de la Responsabilidad Fiscal (Ley 30099) mal planteada. Con base en esa ley, la tercera parte de los gobiernos regionales y locales resultan inelegibles para recibir transferencias económicas del Gobierno Central.
Pero enfoquémonos en la parte financiera. Parte importante del reto de la nueva administración es revertir la recaudación que está cuesta abajo. En el último año y medio, los ingresos del gobierno se han reducido aproximadamente en tres puntos porcentuales del PBI.
Sin embargo, dicha reducción no se ha visto correspondida con un ajuste en la parte del gasto. En los últimos cinco años, el gasto no financiero se incrementó en 2,6% del PBI y, de este total, el 92% corresponde a gastos corrientes y solo el 0,08% a gastos de capital. En otros términos, no solo se aumentó el presupuesto, sino que también se hizo mucho más dificil de reducir a futuro, pues por lo general los gastos corrientes son de carácter permanente.
El corolario final de esta reducción en los ingresos y aumento en los gastos es el incremento del déficit fiscal. Al cierre del segundo trimestre del 2016, los datos anualizados nos dan un déficit de 3 puntos del PBI, posiblemente el más alto de los últimos 16 años.
En este contexto, la nueva administración debe buscar un espacio para la reducción del IGV –cuyo costo anual es de 0,3% del PBI–, el programa de saneamiento y agua potable al que se comprometió, el aumento de sueldos para los policías y un largo etcétera de anuncios de campaña.
Un punto del discurso de PPK en el Congreso fue la lucha contra la corrupción. En este aspecto, más que recursos se necesitan nuevas reglas de juego. Para comenzar, se debe solicitar a la contraloría un conjunto de normas que permita identificar los delitos más comunes y más costosos para el Estado, que ellos, con el actual marco legal, no pueden sancionar.
Finalmente, otro tema urgente pero que no corresponde a ningún anuncio de campaña, es cómo corregir los problemas financieros generados por la pérdida de ingresos por canon de los gobiernos subnacionales. Los casos más críticos son aquellos departamentos que dependen del canon del petróleo, especialmente Loreto y Ucayali, pero hay otros que se han visto bastante afectados.
En resumen, el mayor reto de la administración de PPK para los próximos cinco años no es la falta de voluntad. Su discurso de ayer ha demostrado que la tiene y que sabe las prioridades y las urgencias que más aquejan a la población. El reto vendrá por el lado económico, por mantener un crecimiento sostenido, por encontrar espacios para cumplir sus compromisos de campaña y, al mismo tiempo, por consolidar las finanzas públicas que, lamentablemente, hoy se pintan de rojo.
Lampadia
