Por: José Luis Gil
Perú21, 1 de Junio del 2023
A Sunat, por ejemplo, se le encargó fiscalizar el ingreso, permanencia, traslado y salida de los insumos químicos.
Hay dos hechos puntuales de instituciones del Estado que relativizan las funciones de la Policía Nacional, y que inciden en el incremento de la inseguridad ciudadana. El primer caso es de Sunat, y el otro, del Ministerio Público. Uno, que ha fracasado en el control de insumos químicos contra el tráfico ilícito de drogas (TID) y la minería ilegal, y el otro, también por tratar de convertir abogados en policías (como fiscales), en detrimento de las capacidades estratégicas, tácticas y operativas de la ciencia policial. En ambos casos utilizan fondos públicos, alientan burocracia improductiva y se duplica el trabajo afectando el objetivo principal: la seguridad de todos peruanos.
A Sunat, por ejemplo, se le encargó fiscalizar el ingreso, permanencia, traslado y salida de los insumos químicos, y el control de insumos contra la minería ilegal, con el DS 1126 de 2012 que firmó Ollanta Humala. Hoy tienen 23 millones de soles al año versus 8 millones de soles para Dirandro PNP (Perú21 30MAY23). Sin embargo, la realidad los ha rebasado. La norma (y los políticos) no tomaron en cuenta que, para esta lucha, se requiere de una fuerza pública con capacidad coercitiva y de atribuciones únicas para la detención de personas. El prejuicio perverso sobre presuntas incapacidades de la Policía Nacional ha sido largamente superado a la luz de sus éxitos en la lucha contra el crimen en los últimos 30 años.
Por otro lado, y desde hace varios años, el Ministerio Público ha sido “favorecido” con poderes casi omnímodos, debido a que paulatinamente van adquiriendo funciones policiales o forenses, como el laboratorio de criminalística, saltándose la Constitución (Art. 166) que dice: “La PNP, previene, INVESTIGA y combate los delitos”; así como el hecho de haber introducido en el Código de Procedimientos Penales la investigación en “sede fiscal”, para que “dirijan” la investigación, cuando en realidad solo asesoran jurídicamente a la PNP, que son los que hacen el verdadero trabajo operativo y documental. Los “registros domiciliarios” después de 6 años, nulas condenas (Odebrecht con fiscales Vela y Pérez), corrupción, delincuentes liberados o juicios perdidos, son una muestra de que quien mucho abarca, poco aprieta.
Estas distorsiones afectan la lucha contra la criminalidad convirtiendo a los verdaderos investigadores policiales en “secretarios” o “mesa de partes”, en clara muestra de que se quiere imponer la ciencia jurídica sobre la ciencia policial. Todo esto debe ser reformado por el Congreso, quienes podrían convocar a expertos policiales como Cluber Aliaga, Jorge Cárdenas, Mandujano, Toribio Paulino y otros, para que tengan una idea clara de lo que debe cambiarse. ¡Sí se puede!
