Por: José Carlos Saavedra
El Comercio, 24 de agosto de 2019
La propuesta de adelanto de elecciones al 2020 del presidente Vizcarra ha sido el último desenlace de un largo período de conflictividad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El impacto más evidente de la incertidumbre que esto genera ha sido el desplome de la confianza para invertir en el sector empresarial, que probablemente tendrá un efecto negativo sobre la inversión privada y la generación de empleo formal los próximos trimestres.
Sin embargo, el riesgo electoral no ha sido el único canal a través del cual la crisis política que hemos vivido desde el 2016 ha venido afectando el entorno de negocios y el bienestar de la población. Otro canal ha sido el deterioro de la gestión pública. Del esfuerzo reformista de los primeros meses del gobierno queda muy poco y más bien, en medio de tanta pelea, el Ejecutivo y el Congreso han dejado de empujar mejoras en ámbitos tan básicos y urgentes como es la infraestructura y la educación, por solo mencionar dos. A más de dos años del fenómeno de El Niño costero del 2017, el lento avance de la reconstrucción del norte es un escándalo, como también lo es la dramática caída en los indicadores de aprendizaje escolar entre el 2016 y 2018, sobre el que llamó la atención Janice Seinfeld, de Videnza Consultores, en un reciente artículo en este Diario.
El tercer canal es el desorden regulatorio. En este período de conflictividad, el proceso de producción de normas se ha hecho aun más precario e impredecible. Desde el Congreso se han aprobado normas que generan gasto público, a pesar de que la Constitución lo prohíbe y se han aprobado normas que afectan las reglas de juego de algunos mercados sin un adecuado análisis de costos y beneficios. Solo entre el 2016 y el 2018, se presentaron en el Congreso 519 proyectos de ley regulatorios y el Poder Ejecutivo emitió casi 1.500 regulaciones.
El cuarto canal viene siendo el inadecuado tratamiento de los conflictos sociales. Frente a estos, en lugar de defender la propiedad privada y la estabilidad jurídica, el gobierno ha cedido frente a la violencia, dando incentivos claros para que esta se extienda.
No debe sorprender, por lo tanto, que según las más de 300 empresas del Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo Consultoría, el ruido político (66%) y la deficiente gestión pública (58%) han sido los principales factores que han afectado los planes inversión de las grandes empresas.
En medio de esta crisis que está en niveles máximos, el Ejecutivo y el Congreso aún pueden evitar una crisis mayor a través del diálogo. Y, en ese marco, podrían recordar el mandato de la población. Si están gobernando en función a lo que “el pueblo pide”, que recuerden que en primera vuelta del 2016 más del 60% votó a favor de los planes de gobierno de PPK y Fuerza Popular, y ambos compartían el compromiso de promover la inversión privada, mejorar la gestión del Estado en favor de los ciudadanos y mantener el modelo económico.
