Por: José Carlos Saavedra
El Comercio, 16 de noviembre de 2019
La explosión de protestas en Chile ha sido impactante e inesperada. Según algunos expertos, esta se explica, al menos en parte, por la incapacidad de los partidos políticos, del gobierno y de los empresarios de escuchar o canalizar las demandas de la población, relacionadas a la desigualdad de ingresos y de oportunidades.
¿Se está cometiendo el mismo error en el Perú? Parece que sí.
Es evidente que la distribución de los ingresos y de oportunidades es desigual en el país. La lengua materna, la educación de los padres, el género, el lugar de nacimiento son todos aspectos con los que nacemos, que no dependen del esfuerzo y que determinan fuertemente el futuro de las personas. Pero también es cierto que la concentración de los ingresos laborales en el 10% top de la población ha ido disminuyendo. Según un estudio de Richard Webb y otros autores, en 1961 ese segmento concentraba el 50% del total de ingresos. Según la Encuesta Nacional de Hogares, en el 2004 ese porcentaje bajó a 40%, y en el 2018, a 34%. Es decir, vamos mejorando.
Sin embargo, la desigualdad de ingresos no recoge todas las dimensiones de la desigualdad social. No recoge, por ejemplo, la desigualdad en el acceso a los servicios públicos –como la educación, la salud y la justicia– que permiten tener una vida digna y que, precisamente, son claves para igualar las oportunidades de salir adelante.
De hecho, los peruanos están pidiendo a gritos mejoras en este ámbito. Según una encuesta realizada en octubre de este año por Ipsos, a solicitud de IPAE, los tres cambios al “modelo económico peruano” más demandados por la población urbana están relacionados con la necesidad de mejorar la calidad de los servicios públicos, como que el gobierno mejore la calidad de la educación (57%), que sea más eficaz al combatir la corrupción (47%), y que combata la delincuencia y la violencia de género con mayor efectividad (42%).
Lo que es sorprendente es que, siendo un pedido tan claro por parte de la ciudadanía, la mejora en la calidad de los servicios públicos no parece estar primera en la lista de exigencias de los partidos políticos o del sector empresarial, ni en la lista de reformas de gestión pública del gobierno. El riesgo de estallido social en el Perú dependerá de cuánto nos demoremos en corregir este error.
