Jorge Burgos, Abogado
La Tercera, 6 de julio de 2017
CON OCASIÓN de un discurso pronunciado por el director del diario El País, Antonio Caño, en la inauguración de los cursos de verano de la universidad del país vasco, citaba al historiador norteamericano Timothy Snyder: “Abandonar los hechos es renunciar a la libertad. La posverdad es el prefascismo”. Caño agregaba: “Estamos probablemente ante la mayor amenaza que existe contra las democracias en estos momentos. Porque la negación de los hechos o la creación de relatos que satisfacen los prejuicios y el sectarismo, tiene un propósito que siempre está ligado con el control del poder”.
Hay que hacer reales esfuerzos para evitar que tal peligroso fenómeno se instale en nuestra sociedad, evitar que la oferta de paraísos inexistentes, como una fórmula para nada inocente, de acceso al poder, termine constituyendo un camino, más bien en atajo, aceptable para una mayoría relativa aunque transitoria. Ese entusiasmo peligroso puede surgir entre otros factores de un “relato al gusto del consumidor”.
Es por lo anterior que resulta imprescindible salir al paso y denunciar a aquellos que en la búsqueda de las preferencias para noviembre próximo se empeñan en un relato catastrofista, como base esencial de justificación del paraíso inexistente que ofrecen.
Digámoslo, hoy en Chile la economía está funcionando si se atiende a la coyuntura regional y mundial, hay turbulencias qué duda cabe, pero no indicadores característicos de una crisis económica, inflación desatada, crisis cambiaria, desabastecimiento, recesión. Es cierto que se requieren mayores certezas y esfuerzos para retomar un ritmo de crecimiento inclusivo, perdido en el último tiempo, pero ese momento virtuoso jamás surgirá de propuestas populistas o poco rigurosas, como por ejemplo aquella que propone suprimir el Tribunal Constitucional o en una versión menos tajante, sustituirlo por una Corte vagamente definida.
A propósito de ofertas populistas, eso es la causa de lo que sucede hoy en Venezuela. En nuestra sociedad las instituciones funcionan, los fiscales cumplen su papel, también lo hace el poder judicial, la Contraloría, las FF.AA., las policías, el Banco Central, la prensa, etc. El debate existente no ha salido fuera de las instituciones, no ha tomado un carácter violento. Es cierto que a veces aparece marcado por ese tono de crispación o exageración, pero no llega a ser destructor del tejido social.
No hay justificación real, ni datos serios para intentar comenzar a fojas cero, ni mucho menos para programas o propuestas destinadas a destruir lo mucho avanzado. Sin ir más lejos, la semana pasada la prensa informaba – destacaba sería mucho decir-, que Chile seguía liderando el Índice de Progreso Social (IPS) en América Latina, varios puestos más abajo era posible encontrar al país que lo sigue, Uruguay.
Qué duda cabe que tenemos problemas y algunos gruesos, podremos destinar otras columnas a conversar sobre ellos; crisis de confianza en los políticos, empresarios, desigualdades persistentes. Sin embargo, creemos que nada justifica, que sería una muy mala noticia, triunfara la tesis que nada bueno ha pasado en Chile en las últimos tres décadas, los datos objetivos no dicen eso, por más empeño que pongan los vendedores de ilusiones, de paraísos inexistentes, aquello no es que suela terminar mal, siempre termina mal.
