Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 17 de Setiembre del 2022
“La actividad económica formal en general es una tarea casi imposible para pequeños e incluso para los medianos empresarios. Este gobierno ha agravado esa injusticia”.
Lo único que crece en el Perú es la producción de cocaína. El informe de Devida publicado anteayer reporta un crecimiento del área sembrada de coca nada menos que del 23% entre el 2020 y el 2021. Ahora tenemos 80.681 hectáreas de ese cultivo, contando solo los sembríos que tienen más de un año.
No es de extrañar, considerando que pudo haber dinero del narcotráfico detrás de la campaña presidencial y que las políticas de Devida consideran eliminar la erradicación en el Vraem reemplazándola por una ilusoria auto erradicación voluntaria, coincidiendo con las políticas de Gustavo Petro en Colombia y de Evo Morales (ahora Arce) en Bolivia. Nos deslizamos, así, de la mano peligrosamente hacia una narco-comunidad andina de naciones.
Simplificando: luz verde para el narcotráfico y luz roja para la minería, el desarrollo forestal, la acuicultura y para toda actividad económica formal en general. En minería se alentaron los bloqueos e invasiones, de modo que no hay exploración y no salen el tajo de Chalcobamba de Las Bambas, el proyecto San Gabriel en Moquegua, ni Yanacocha Sulfuros en Cajamarca, por ejemplo. Están parados. En lo forestal, el Gobierno observó una ley aprobada por el Congreso orientada a consolidar los derechos de propiedad en la Amazonía a fin de que los agricultores migratorios pasen a cultivos permanentes, consagrando la deforestación y el avance de los cocales y la tala ilegal. Y en la acuicultura no se reponen los incentivos tributarios que fueron derogados por el Congreso anterior en la malhadada ley que eliminó el régimen de promoción agraria.
La actividad económica formal en general, en todos los sectores, es una tarea casi imposible para pequeños e incluso para los medianos empresarios. Este Gobierno ha agravado esa gran injusticia estructural. Al aliarse con los sectores laborales ultra formales, como la CGTP, a quienes endulza con protecciones crecientes, levanta aún más las barreras a la formalización. Pero entonces los sectores informales e ilegales más avezados se vengan de esa exclusión asaltando el Estado, fuente de la formalidad, colonizándolo, patrimonializándolo. Si no es posible crecer en el mercado de manera formal, tomemos el Estado para repartirnos puestos, licencias y obras.
Es lo que ha ocurrido en los gobiernos municipales y regionales, y ahora en el gobierno central. Castillo ha sido el caballo de Troya perfecto para la incursión en los ministerios de esos intereses informales e ilegales que se multiplican debido a una formalidad inaccesible que el propio Castillo agrava al favorecer a los intereses laborales organizados. Es un círculo perverso que solo beneficia al crecimiento de la ilegalidad en el país.
Nuestro Estado es un Leviatán excluyente. Pero, a causa de eso, terminó asaltado, saqueado. Es entonces un Leviatán excluyente y colonizado.
El ministro Kurt Burneo presentó el plan “Impulso Perú” en el que anuncia incentivos para una mayor formalización de la economía, pero no se percata de que normas laborales y sectoriales cada vez más costosas y rígidas imponen una barrera cada vez más insuperable. El capítulo más importante de su plan es lo que él mismo llama “Recuperación de la confianza”. Si habla de “recuperación” es porque sabe que la confianza se ha perdido. Pero su plan no ataca las causas principales de esa pérdida, que son los nombramientos de horror y la llamada Agenda 19 con los decretos supremos que limitan la tercerización y facilitan las huelgas. Por eso, termina proponiendo una batería de subsidios que no se necesitarían si la inversión privada se reactivara y se generaran empleo e ingresos para las mayorías.
El Congreso tiene que derogar estos decretos. Y tiene que empezar a elaborar una agenda de reformas profundas que nos permitan transformar el Leviatán en uno inclusivo y meritocrático, y pasar a una economía próspera y formal.
