Por Jaime de Althaus
El Comercio, 9 de febrero de 2018
Sostuve en Lampadia que la vacancia presidencial esta vez no procede porque los nuevos hechos que han aparecido forman parte de la misma secuencia de actos que fueron negados por la mentira original, por la cual ya se intentó vacarlo, sin éxito. Y es un principio básico del derecho penal que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. En ese sentido, la fallida vacancia de diciembre pasado tiene valor de cosa juzgada.
Pero las mociones de vacancia presentadas por el Frente Amplio y Nuevo Perú sostienen que hay una nueva mentira, pues en su defensa en el proceso de vacancia, el presidente arguyó que él no sabía de los contratos entre su empresa y Odebrecht porque existía una “muralla china”. Revelaciones posteriores, sin embargo, demostrarían que sí sabía y que tal muralla china era un cuento. Eso quedaría claro, por ejemplo, cuando First Capital se sustituye a Westfield para los cobros en el momento en que PPK asume el ministerio en el 2004.
Siempre se podrá discutir si estos nuevos hechos prueban o no la supuesta nueva mentira y tampoco es claro que una refutación a posteriori autorice a reabrir el caso. A mi juicio, se trata de presuntos delitos que ya están siendo indagados por el fiscal Hamilton Castro y que podrían desembocar en una acusación, pero según la Constitución esta solo puede formularse luego de terminar su mandato. La Carta Magna blinda así fuertemente al presidente, pero contradictoriamente también abre la puerta falsa de la vacancia por “incapacidad moral” sin tipificación alguna por lo tanto, sin debido proceso, que se presta a la arbitrariedad y al abuso. Por eso, no es casualidad que sean las izquierdas las autoras de las mociones, entusiasmadas con el remedo de revolución que sería tumbarse a un presidente “neoliberal”.
La vacancia por incapacidad moral debería ser derogada. Pero, aun si no fuera vacado, el problema es que el presidente ya casi no lo es en la práctica. Su autoridad es mínima y en esa misma medida la de sus ministros. Los funcionarios no deciden. La política es una tierra de nadie con patente de corso para nefastos proyectos populistas o acciones de fuerza siempre impunes. El Ejecutivo carece de fuerza para observar leyes negativas y Fuerza Popular siente que tiene que subir el tono. Acaba de pasar con el proyecto de ley enviado para reemplazar al D.U. 003, absolutamente vital para que la obra pública y privada no se detenga luego de que los bancos han dicho que no prestarán a ninguna empresa del ‘club de la construcción’, y no colapse la economía entera. Es gravísimo. Pero para decir indirectamente que el Ejecutivo lo saque vía D.U., Miguel Torres sintió que debía acusar al Gobierno de ¡colusión con las empresas para sacar el proyecto a última hora a fin de que se venza el plazo y pueda Odebrecht llevarse todo! Y anunció una minuciosa revisión posterior del proyecto de ley por el Congreso, con lo que el D.U. quedará en la incertidumbre. Así se juega con el trabajo de cientos de miles.
El presidente tiene que evaluar si su permanencia en el cargo es lo mejor para el país.
