Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 27 de enero de 2017
El gobierno no puede simplemente informar con resignación que este año vamos a crecer un punto menos de lo previsto debido al efecto Odebrecht, como ha dicho el ministro de Economía. No cabe duda de que habrá un impacto, pero la manera de reaccionar frente a él no es acatando sumisamente la fatalidad, sino aprovechar el accidente para salir con vigor a explicar que el gobierno tiene un plan B, que está efectuando una serie de reformas al sistema de inversión pública y a Pro Inversión precisamente para incrementar significativamente el nivel y la calidad de la inversión pública y público-privada, que ya este año se va a expresar de tal o cual manera…
La propia tarea de reconstrucción luego del efecto devastador de los huaicos puede funcionar como un programa de reactivación, sobre todo si aprovechamos de una vez para construir las defensas preventivas que nunca se hicieron. Y si grandes proyectos se paralizan, optemos por invertir masivamente en Sierra Productiva para generar una ola de crecimiento desde abajo.
El crecimiento acelerado vendrá cuando se recupere la inversión privada. Para animarla el gobierno tiene un gran argumento: que el Perú ha ingresado a una nueva era de reformas profundas que subirán la tasa de crecimiento potencial del país. La empresa que apueste ahora ganará porque no cabe duda de que el conjunto de reformas que han sido lanzadas en los decretos legislativos y otras iniciativas, y la propia reforma política que está trabajando el Congreso, destrabarán los circuitos económicos y lo harán en un marco de mayor seguridad física y jurídica. Si estas reformas se ejecutan bien, el país será otro en pocos años, uno mucho más moderno, seguro, transparente e institucionalizado.
Algunos ejemplos: desde ahora las coimas a la policía se reducen a su mínima expresión, porque hay cárcel de varios años para coimeros y coimeados y habrá camaritas. Una policía incorruptible era algo inimaginable: un cambio revolucionario que percolará a otros órdenes del Estado. Otro: el expediente digital puede revolucionar la justicia penal y civil. Otro: un conjunto de medidas bajará 7 puntos la tasa de victimización y reducirá significativamente las extorsiones de acá a fines del 2018. Otro: es obligatorio demostrar la utilidad de las normas y trámites para que puedan mantener vigencia. Otro: Indecopi tiene ahora superpoderes para derribar barreras burocráticas. Y así sucesivamente.
El gobierno podría realizar una gran convocatoria internacional para atraer inversión usando como gancho el nuevo marco institucional generado por todas estas reformas.
El gobierno tiene que tener un poco más de convicción en lo que está haciendo, no solo para transmitir esa confianza a los agentes económicos, sino para contener la ácida corriente de opinión engendrada por los escándalos, que está corroyendo la credibilidad en todo. Y también, a contrariu senso, para generar una corriente de apoyo a la consolidación de las reformas y liderar, así, la agenda nacional.
