Muchos analistas se esfuerzan en elaborar una simetría entre las debilidades democráticas de las opciones que representan Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Es la presunción que está detrás de la iniciativa de la Proclama Ciudadana auspiciada por Transparencia, la Conferencia Episcopal, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, orientada a que ambos candidatos se comprometan a respetar la institucionalidad democrática y económica.
Pero si se revisa los juramentos que contiene, se ve que está hecha principalmente para moderar a Pedro Castillo. Es, incluso, una negación de su programa. Al firmarla, el candidato renuncia a la mayor parte de sus propuestas.
En efecto, al comprometerse a que “Cualquier cambio y/o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes…”, Castillo está renunciando a su principal propuesta, que es la de una asamblea constituyente. Esa vía no está prevista en la Constitución.
Luego, al comprometerse a “Respetar y proteger la independencia de los otros poderes del Estado, la autonomía de la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva del Perú”, da marcha atrás en sus intenciones declaradas de desactivar varios de esos organismos y de que no él, “sino el pueblo”, cerrará el Congreso si este no aprueba el referéndum para una asamblea constituyente.
Al “Respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa”, descarta regularla y eliminar los programas “basura”, tal como plantean él y el plan de gobierno de Perú Libre.
Al aceptar “Respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado”, renuncia a anular los tratados de libre comercio y a proteger lo que en el Perú se produce.
Y al comprometerse a “Promover… un mayor crecimiento del país estimulando la inversión privada”, deja de lado implícitamente la “nacionalización” de las empresas transnacionales, que es su propuesta económica central.
Difícil creer que un dirigente de la facción ultra radical Conare-Sutep pueda a último minuto abandonar tan fácilmente sus más preciadas banderas de lucha y tirar al tacho el plan de gobierno de Perú Libre.
En el caso de Keiko Fujimori, la presunción es que ella es autoritaria y podría avasallar los otros poderes del Estado. Pero ella no es Alberto. A diferencia de su padre, rechazó la presencia de Montesinos, formó un partido político y ese partido ha estado en el Congreso en varios períodos respetando las reglas del juego democrático.
Es cierto que la conducta de su bancada en el Congreso disuelto fue destructiva y abusiva –aunque no obstruyó en los temas económicos–, pero eso fue un pecado de hubris y de falta de compromiso con el país que se paga luego en las urnas (como está ocurriendo), no la expresión de un designio antidemocrático. ¿Podríamos calificar al Apra de antidemocrática por la oposición destructiva que realizó contra el primer gobierno de Belaunde, mucho más intensa y fuerte que la de FP contra PPK, pues se tumbó 11 ministros e impidió que el gobierno ejecutara reformas sociales?
Sin duda tiene que haber un claro propósito de enmienda. Pero no hay simetría.
Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 14 de mayo de 2021
