Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 01 de abril de 2016
Si Keiko Fujimori llegara a la presidencia de la República podría tener –según un cálculo todavía incierto de CPI– una mayoría clara en el Congreso con una bancada de 70 parlamentarios. Eso le daría la oportunidad de oro para aprobar sin problemas las urgentes y profundas reformas que el país necesita. Pero ¿postula esas reformas en su plan de gobierno?
Para comenzar, nada propone para institucionalizar un sistema de partidos y estabilizar y profundizar la democracia. Es cierto que ningún partido ha incluido esto en su plan, pero el fujimorismo sí debió hacerlo considerando su deuda con ese tema y para garantizar que una eventual mayoría absoluta no recaiga en formas autoritarias.
En cuanto a las reformas policial y judicial, indispensables para establecer el imperio de la ley, falta profundidad. Propone acertadamente reformar el nuevo Código Procesal Penal para darle más autonomía a los policías –dando cuenta luego al fiscal–, así como la oralización de todos los procesos, el ‘expediente digital único’ desde la policía hasta la Corte Suprema y una reorientación hacia la policía comunitaria. Muy bien. Pero no plantea la necesaria depuración de la policía (como si lo hace PPK), ni la reforma del CNM, ni la evaluación del desempeño de los jueces, fiscales y policías, ni la tercerización de la logística policial, ni la concesión de penales. Menos aun un pacto de no soborno con los estudios de abogados (esto no lo plantea nadie).
En cambio, en cuanto a profesionalizar el Estado, promete profundizar la reforma del servicio civil para atraer a los mejores, y universalizar el presupuesto por resultados de modo que todos, desde ministro a portero, tengan metas evaluables. Pero no propone una tala regulatoria sino solo la estandarización de los TUPA.
Para la defectuosa descentralización describe mecanismos de trabajo conjunto con los gobiernos subnacionales, pero nada acerca de redistribuir funciones, fortalecer el control central, reformar el canon y aumentar sustancialmente la recaudación del predial. Y en cuanto a los programas sociales, dispone su ultraperfeccionamiento pero no reorientarlos hacia lo productivo.
En educación se refuerza la meritocracia y las tecnologías informáticas, lo que está bien, pero no la libertad de los directores y colegios, ni APP en la gestión. En Salud y Essalud no plantea la separación entre financiación y prestación ni concesionar los servicios, aunque sí restablecer los CLAS. Tampoco reformar las EPS de agua potable.
En cuanto al tema fundamental de la formalización, prefiere ir por el lado de dar facilidades tributarias, pero la indispensable reforma de la legislación laboral ni se menciona, aunque se sugiere que ello tendría que consensuarse en un Consejo Nacional del Trabajo fortalecido con asistencia de la OIT.
Cierto que los planes de gobierno son para ganar las elecciones. Pero una mayoría parlamentaria para solo estas reformas sería un desperdicio. Lampadia
