Por Jaime de Althaus
El Comercio, 19 de enero de 2018
La máxima aspiración del país ahora se ha reducido a la posibilidad de una reunión entre Aráoz y Galarreta para ver si logran compatibilizar una agenda legislativa mínima
La política ha quedado devastada luego del intento de vacancia y el indulto posterior. La primera ministra ha tenido que renunciar al pedido de facultades porque sabe que no se lo van a conceder. Busca una agenda legislativa concertada, pero tampoco la encuentra, por lo menos no hasta ahora. Hay un conjunto de proyectos de ley necesarios para avanzar que están detenidos en el Congreso, a lo que se suma la interrupción de proyectos de inversión como consecuencia de Lava Jato y la reciente denuncia al ‘club de la construcción’.
Esto no puede seguir así. Se dirá que estamos en un interregno papal que debería ayudar a aplacar animosidades, orgullos y vanidades, y que luego de eso los espíritus estarán más dispuestos a sentarse a conversar. Ojalá. Pero si la estructura del problema no se modifica, no será fácil. Por ejemplo, el presidente ya no puede convocar a Keiko Fujimori porque ha perdido autoridad. Si hubiese renunciado y hubiese asumido Martín Vizcarra, podríamos haber comenzado de nuevo y en un escenario mucho menos cargado de anticuerpos. En su defecto, un nuevo primer ministro quizá hubiese podido recomponer relaciones. Eso tampoco ocurrió. Ahora tenemos a la primera ministra implorando acuerdos mínimos porque “ya no estoy pidiendo grandes reformas”. Pero un primer ministro que reconoce que renuncia a pedir grandes reformas en un país que las necesita a gritos debería considerar si tiene sentido su permanencia en el cargo.
Pero eso es lo que tenemos. La máxima aspiración del país ahora se ha reducido a la posibilidad de una reunión entre Mercedes Aráoz y Luis Galarreta dentro de un par de semanas, luego del viaje de la primera ministra a Davos, para ver si logran compatibilizar una agenda legislativa mínima.
La verdad es que nunca hemos salido de la agenda mínima. Las grandes reformas o son muy laboriosas y complejas para una clase política que no puede ir más allá de los dimes y diretes, o entrañan el temor a la pérdida de un capital político que en realidad ya hace tiempo se perdió. Ante la indispensable reforma laboral, por ejemplo, Fuerza Popular cree que si la apoya, enfrentaría los ataques y movilizaciones de la CGTP. Pero ese capital nunca lo tuvo. Fue la CGTP la que organizó y vertebró la reciente marcha contra el indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué va a perder Fuerza Popular apoyando una reforma que permita derribar las barreras legales que impiden que las mayorías informales accedan a derechos laborales? Nada, sobre todo si la reforma va acompañada por una buena campaña de comunicación y de alianzas con los sectores potencialmente favorecidos.
Pero eso, sabemos, es pedir demasiado, por más importante que sea. Lo que sí debemos exigir y debería ser posible es cuando menos un acuerdo en torno a una lista de leyes, proyectos de inversión y proyectos mineros. Una señal clara que le permita al país aprovechar el crecimiento de la economía global. Sería suicida no hacerlo.
