Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 31 de julio de 2015)
En lugar de hacer una exposición acerca de “la situación de la República y las mejoras y reformas” necesarias, como establece la Constitución, el presidente prefirió adelantar el relato del legado de su gobierno para que quede en la historia como el de la “inclusión social”. Y, en ese sentido, su esfuerzo retórico no estuvo mal hecho. Sobre todo considerando el handicap de que la reducción de la pobreza y la desigualdad han sido menores en su gobierno que en el anterior.
Pero así como venimos avanzando –en los últimos 22 años– en inclusión social, gracias al crecimiento de la economía principalmente, venimos retrocediendo en la “inclusión” –más fundamental– en el Estado legal, en la legalidad. Lo que vemos son cada vez más economías informales y territorios liberados, excluidos del Estado y capturados por mafias que imponen su propio estado, su propio orden mafioso.
Un reciente informe del diario “Expreso” (27/7/15) revela que, siguiendo el ejemplo del distrito de Suyo en la provincia de Ayabaca en Piura, colindante con Ecuador, donde reina la minería ilegal de oro, ahora el distrito de Carmen de la Frontera en Huancabamba ha sido tomado por mineros ilegales de oro y extorsionadores, contaminando con mercurio las quebradas y ríos.
No es casual que en ese distrito y en el vecino Ayabaca estén las comunidades campesinas que, con el apoyo de las ONG y de Patria Roja, se oponen al ingreso del proyecto minero Río Blanco (antes Majaz). El Estado allí está conformado por una alianza entre mineros ilegales contaminadores, rondas campesinas, narcos y alcaldes. Nadie puede entrar sin permiso de ellos.
Es que el accidentado territorio peruano, lleno de lugares aislados o de difícil acceso, favorece el establecimiento de pequeñas dictaduras mafiosas locales. Pero hay algo más porque, por ejemplo, las empresas públicas de agua potable cuyos sindicatos o trabajadores venden por su cuenta el agua a vecinos sin medidor, son también zonas liberadas. Así como el 70% de los peruanos o el 90% de las empresas que sobreviven en la informalidad aplastadas por una formalidad excluyente.
Entonces lo que tenemos es un Estado impotente y una legalidad excluyente. Dos caras de la misma moneda. Es impotente porque no tiene jurisdicción en lo que excluye. Por eso tiene menos recursos. Para incluir a los informales y reprimir a los ilegales se necesitan reglas más simples y flexibles y aparatos de coerción efectivos. Para facilitar los proyectos mineros formales, se necesitan mejor comunicación y mejores derechos de propiedad. Quizá convenga llamar a Hernando de Soto.
Una legalidad más inclusiva, flexible y consultada permite un Estado más fuerte y con más recursos. Pero, a su vez, necesitamos recursos para construir ese Estado, limpiar y fortalecer la policía, mejorar la justicia, los organismos reguladores, la infraestructura y los servicios. Es el huevo y la gallina, porque necesitamos minería para que haya más recursos, para que haya Estado (así como necesitamos concesiones y plantaciones formales para prevenir la tala ilegal y la destrucción de los bosques). Pero, a su vez, necesitamos Estado para que haya minería, manejo forestal, etc. Ese es el acertijo que hay que resolver.
