Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 25 de agosto de 2017
Lo positivo ha sido la posición unánime de la clase política y del país en torno a no ceder un ápice ante el pedido de eliminar o relativizar las evaluaciones de desempeño y la meritocracia. La viabilidad del país queda asegurada y se afirma el objetivo nacional de buscar un alto estándar educativo. El derecho de los niños a una buena educación prevalece sobre la estabilidad laboral si el profesor no es competente. Es cierto que Fuerza Popular tuvo que esperar a que Kenji se pronunciara para afirmar que no se podía aflojar las evaluaciones, pero lo hizo al fin y de manera clara.
Bien la actitud de la ministra de dar por concluidas las negociaciones y anunciar los “avances”. De esa manera es el Gobierno quien capitaliza el aumento salarial, mientras Pedro Castillo y la dirigencia ex Conare se radicalizan enajenándose así poco a poco las bases. El miércoles en la plaza San Martín, luego de su fallida reunión con Fuerza Popular, llamó a una huelga general indefinida y amenazó con un derramamiento de sangre si es necesario. Pero es poco probable que la arenga insurreccional tenga acogida masiva.
De todos modos, esta huelga magisterial logró alcanzar dimensiones mayores que las anteriores. ¿Por qué? Están los errores y contradicciones del Ejecutivo, ya ampliamente analizados, que llevaron a muchos a plegarse. Y la puja demagógica de los congresistas por obligar a la ministra a recibir a los dirigentes. Pero un factor decisivo ha sido el crecimiento del ex Conare (Movadef) a costa del Sutep de Patria Roja. El Movadef es ahora más fuerte y organizado que Patria Roja. El Conare lideró las huelgas del 2007, 2012 y 2015, pero al fin fue el Sutep quien controló y acordó con el Gobierno. Eso se acabó. Por eso la principal demanda de Castillo era el reconocimiento sindical, que forma parte de una estrategia mayor del Movadef por conseguir reconocimiento legal como partido político inscrito.
Ante eso solo cabe que partidos organizados como Fuerza Popular desarrollen una estrategia para penetrar y representar al magisterio. Pero no con demandas como la eliminación de la evaluación, sino ofreciendo servicios de capacitación permanente para ascender en la carrera.
Porque otro factor clave ha sido la inminencia de las evaluaciones de desempeño, luego de 5 años de demora. Las dirigencias explotaron el temor de muchos maestros a salir de la carrera. Esto juega con un dato que no se conoce: entre el 2008 y el 2016 el número total de alumnos en la educación pública se redujo en un -7%. En cambio, el número de maestros en ese mismo período se incrementó en un ¡16%! Quizá gestiones regionales clientelistas sean la causa de ese descontrol, pero revelaría que para muchos docentes más importante que la remuneración es la estabilidad laboral. El sueldo seguro, aunque sea bajo. El magisterio como un programa social, como un sistema de distribución clientelista.
¿Qué hacer para cambiar esa realidad? Comencemos con las evaluaciones, pero bien hechas.
