Jaime de Althaus
El Comercio, 1 de marzo del 2025
“Pareciera que estuvieran ejecutando un castigo divino o una venganza popular a todo el sector de centros comerciales y supermercados modernos, o simplemente creando una situación de fuerza para recibir un pago”.
Los malls en el Perú son más que un lugar para ir a comprar. Son espacios públicos de reunión familiar en un país en el que hay pocos sitios públicos, y son espacios platónicos de modernidad y seguridad en barrios populares e informales eventualmente asolados por las extorsiones. Son lugares de felicidad colectiva. Por eso, los muertos y heridos del Real Plaza de Trujillo duelen doblemente y agravan la sensación la tragedia y desamparo. Más aun considerando que el grupo propietario pertenece al segmento empresarial que se entiende trabaja con altos estándares de calidad, de modo que, si algo como eso ocurre en ese ámbito, qué se puede esperar del resto. Mayor razón para salir a comunicar la verdad de lo ocurrido.
Ahora el problema se amplifica porque muchas autoridades locales han encontrado el motivo perfecto para hacer sentir su poder y su ideología contra la gran empresa, cerrando centros comerciales por todas partes por razones baladíes. Es evidente que no han descubierto de la noche a la mañana problemas estructurales, sino faltas menores que no ponen en riesgo la salud o vida de las personas, o trámites omisos, algo que se resuelve notificando para que en un plazo se subsane. Pero no. Hay que cerrar a como dé lugar. Pareciera que estuvieran ejecutando un castigo divino o una venganza popular a todo el sector de centros comerciales y supermercados modernos, o simplemente creando una situación de fuerza para recibir un pago. Un asalto, en buena cuenta.
El resultado va a ser un encarecimiento de los alimentos y un retroceso en la recuperación económica que venía bien, por la cantidad de trabajadores que se quedan sin laborar. No solo eso, recrudecerán las voces estatistas que reclaman más inspección y más regulación, cuando lo que necesitamos es eliminar regulaciones asfixiantes y excluyentes y cuando sabemos que por lo general más regulaciones se traducen en mayor capacidad de extorsión para percibir coimas. Y en la consolidación de la informalidad, porque serán pocas empresas las que puedan cumplir con requisitos agravados y sobornos mayores. Es el círculo vicioso.
Pero el hecho es que esta tragedia aun sin explicaciones daña la imagen del sector privado como fuente de eficiencia y buena atención, y llueve sobre el mojado de la caída del puente Chancay, cuyo mantenimiento estaba a cargo del concesionario privado Norvial. Pero aquí hay una diferencia: Norvial había solicitado al MTC el 2017 reconstruir el puente porque ya era muy antiguo, y el ministerio respondió que lo haría Provías, que no lo hizo. Lo mismo ocurrió con el puente Santa Rosa: el privado ofreció construirlo, pero el MTC se lo reservó, y nos quedamos sin acceso al nuevo aeropuerto.
El Estado, así, falla como ejecutor, donde juega como perro del hortelano, y falla como supervisor, papel que aprovecha, sobre todo en los niveles subnacionales, para extorsionar a todos: grandes, medianos y pequeños. Es conocido que no se puede sacar una licencia de construcción sin coimear. Las normas no interesan. Interesa la plata, y mientras más duras las normas, más plata.
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