Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 16 de agosto de 2019
La teoría del “posicionamiento permanente” (en la opinión pública) formulada por el asesor presidencial argentino Maxi Aguiar ha llevado al presidente Martín Vizcarra a tomar acciones cada vez más audaces, peligrosas y desestabilizadoras.
El proyecto de adelanto de elecciones no solo podría ser inconstitucional sino que no se justificaba porque el Congreso había aprobado 5 de los 6 proyectos materia de cuestión de confianza y en el tema de la inmunidad había mejorado el texto constitucional. Además, Pedro Olaechea había ofrecido trabajar conjuntamente una agenda legislativa coincidente con el Plan Nacional de Competitividad.
La primera consecuencia, contraproducente, de la propuesta de adelanto ha sido el fortalecimiento del ala dura de Fuerza Popular, que ha pasado a ganar las elecciones internas para poner a Milagros Salazar como vocera titular y a la inefable Tamar Arimborgo y a Rosa Bartra –rompiendo la regla interna de no repetir– en la presidencia de comisiones clave.
La segunda consecuencia ha sido la cuasi disolución de la bancada oficialista luego de la renuncia de tres congresistas que la integraban, uno de ellos nada menos que la vicepresidenta. Los tres habían manifestado su desacuerdo con el adelanto de elecciones.
La tercera consecuencia fue el escalamiento delincuencial de la protesta contra Tía María a la ciudad de Arequipa a partir del 6 de agosto, respondiendo en parte a la instigación hecha por el propio presidente a las autoridades arequipeñas a que lleven a cabo una “medida radical”, pero en parte también aprovechando el vacío de poder luego del pedido de adelanto de elecciones (pato rengo).
La consecuencia general es un debilitamiento muy serio de la autoridad presidencial y de la capacidad de ejecución de su gobierno.
La línea dura de Fuerza Popular y algunos otros congresistas quisieran plantear la vacancia presidencial, considerando el argumento formulado por Enrique Ghersi en el sentido de que el presidente, como jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales, no puede enviarlas a asegurar el orden y al mismo tiempo azuzar a las autoridades contra ellas, menos conspirando contra un proyecto fundamental. Ghersi opina que esa grave conducta tipifica como incapacidad moral.
Pero es muy difícil vacar al presidente si este conserva un porcentaje suficiente de respaldo popular. Lo lógico, entonces, sería que renuncie. Pero, por lo mismo, eso difícilmente ocurrirá y, tal como están las cosas ahora, el adelanto de elecciones tampoco se aprobaría.
En ese caso el presidente plantearía, según se ha advertido, cuestión de confianza –aunque dicha medida sería inconstitucional–. Si lo hace, allí sí el Congreso podría responder con la vacancia presidencial, y asumiría Mercedes Araoz.
Se trata de escenarios potencialmente traumáticos e impredecibles. Resultaría fundamental que, contra viento y marea, el Congreso y el Ejecutivo acuerden una agenda legislativa basada en el Plan Nacional de Competitividad, lo que abriría un espacio para manejar mejor el tiempo que le queda a este gobierno en cualquiera de los dos escenarios: elecciones el 2020 o el 2021.
Una alternativa –repetimos– sería inaugurar en el Perú la cohabitación francesa: que el presidente convoque a un primer ministro de la oposición que haga Gabinete, y que él se reserva para sí las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior. Lo que no podemos hacer es dejar que esto explote.
