El próximo gobierno, sea cual fuera, sencillamente no podrá ejecutar su plan de gobierno por varias razones, pero quizá la principal es que se encontrará con un Estado no solo estructuralmente desfinanciado como consecuencia de varias leyes que se han aprobado, sino amarrado de pies y manos a raíz de la ley que elimina el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) y ordena pasar los más de 300 mil CAS a contratos indefinidos, con estabilidad laboral absoluta, sin concurso por supuesto. Esto mientras se incorporan a los regímenes 728 o 276.
De todo el rosario de leyes populistas que ha aprobado este Congreso, esta, que entró en vigencia el miércoles luego de que el Congreso insistiera en ella sin que el Gobierno presentara resistencia política alguna, es quizá la más perversa, porque destruye el objetivo nacional de alcanzar un Estado meritocrático y eficiente, y consolida el patrimonialismo.
Los candidatos presidenciales con opciones deberían exigir su derogatoria. Para comenzar, no podrán contratar personal para tareas o programas temporales. De hecho, todo el personal sanitario contratado por CAS para enfrentar la pandemia, por ejemplo, pasa ahora a ser permanente, aun cuando termine la emergencia. Se anula el mercado laboral público: los ministerios ya no podrán jalar buenos profesionales de otras entidades. Tendrán que trabajar con lo que tienen.
No solo eso: el próximo presidente se encontrará con un personal al que no le podrá exigir nada, porque ya tendrá estabilidad absoluta, sin obligación alguna. Su rendimiento bajará ostensiblemente.
La idea era que los CAS y los demás sistemas pasaran al régimen de la ley de Servicio Civil, que establece una carrera meritocrática. Pero ahora esa ley quedó sepultada. El próximo presidente sencillamente no podrá llevar a cabo ninguna reforma para alcanzar un Estado profesional y al servicio del ciudadano. Adiós a un sistema de salud que atienda bien a la gente, por ejemplo, algo tan importante.
Esta ley consolida la gestión patrimonialista, y por lo tanto el próximo gobierno se verá ahogado en denuncias de corrupción. Si los funcionarios no están obligados a cumplir metas de las cuales dependa su ascenso y permanencia, sencillamente no trabajarán o trabajarán para sus propios negocios. El próximo presidente verá impotente cómo se consolidan las argollas y mafias dentro de los ministerios y entidades públicas, que trabajarán para inventar más regulaciones que les den más poder y oportunidades de cobros, no para facilitar las cosas o resolver los problemas sociales.
Peor aún en el caso de que llegue al poder un candidato populista que ofrece un Estado pródigo y protector: la prodigalidad se convertirá en corrupción pura. Ese eventual presidente será víctima de las leyes que ha impulsado en este período de desvarío e irresponsabilidad, que han comprometido recursos fijos para demandas clientelistas y restado ingresos fiscales al afectar motores de crecimiento. Sin dinero, entonces, para cumplir sus promesas, se sentirá tentado a intervenir el BCR para echar a andar la maquinita, lo que ya se ha insinuado claramente. Dios nos coja confesados.
Por: Jaime de Althaus, Analista político
El Comercio, 12 de marzo de 2021
