Iván Arenas
Perú21, 7 de marzo del 2025
«Este es un año preelectoral y el otro es electoral. La minería moderna estará en la agenda central de la discusión electoral. Todos preparan sus garrotes para destripar a la ‘gallina de los huevos de oro’”.
En el Congreso de la República rondan algunas iniciativas y proyectos de ley que buscan “cambiar” o “modificar” la Ley General de Minería promulgada hace más de tres décadas. Las “modificaciones” giran alrededor de varios temas, entre ellos la reducción de los plazos de la vigencia de las concesiones mineras de 30 años a 15 años, es decir a la mitad. Ello porque —se nos dice desde hace rato— que habría concesiones ociosas o monopolios de las concesiones que deben ser liquidadas. Ojo a este punto.
Si el Perú pretende superar al Congo, país que lo ha desplazado a un tercer lugar en la producción mundial de cobre, este Congreso trabaja a contramarcha. Los datos señalan que en un país como este, con incertidumbre política y alta volatilidad, un proyecto minero demora entre 10 a 20 años en hacerse realidad. Quellaveco se inició en 1993, miren todo lo que tardó para que se pueda construir una de las minas digitales más modernas del mundo.
Pero en el Congreso se insiste en querer cambiar o modificar la Ley General de Minería. Durante el gobierno de Francisco Sagasti se cambió la Ley de Promoción Agraria que posibilitó que la pobreza en los trabajadores del agro pase del 81.3% en 2004 al 30.3% en 2019. Pero aun así, Sagasti y una mayoría en el Parlamento promulgaron una nueva ley que ha generado una disminución en la inversión en el campo.
Superar al Congo no solo es abrir más minas. De hecho, si se logra ejecutar La Granja (US$2,400 millones), Michiquillay (US$2,500 millones), Cotabambas (US$1,486 millones) y Haquira (US$1,860 millones) se podría superar al Congo que hoy produce encima de 3.3 millones de toneladas. A ello se suman los 230 procedimientos administrativos y 430 normas que se deben hacer y cumplir ante 30 instituciones, todo ello equivale a la tramitomanía en el Perú. Así estamos. Otro dato. Los proyectos de exploración necesitan el trámite engorroso de un Estudio de Impacto Ambiental.
Pero el panorama es gris si se mira con perspectiva política. Este es un año preelectoral y el otro es electoral. La minería moderna estará en la agenda central de la discusión electoral. Todos preparan sus garrotes para destripar a la “gallina de los huevos de oro”. Ante ese panorama es difícil que las empresas tomen la decisión de invertir miles de millones en un país sin acuerdos ni pactos.
Pero volvemos a lo inicial. Si las iniciativas de “modificar” la Ley General de Minería avanzan a todo galope en el Congreso del Perú, entonces estamos ante unos congresistas que asumen lo del “gato de Schrödinger”, vivos para atacar a la minería moderna y muertos para promulgar una ley de minería artesanal y pequeña escala que formalice y nos aleje de la ilegalidad y criminalidad.
