Por: Ivan Alonso
El Comercio, 20 de Enero del 2023
“¿Cómo explicar, con todos estos indicadores, que miles de personas hayan salido a marchar?”.
Puno, donde han sido más violentas las protestas de las dos últimas semanas y más numerosos los bloqueos de carreteras, es, sin duda, uno de los departamentos más pobres del Perú. Su ingreso por habitante es menos de la mitad del promedio nacional. Pero es también uno de los que más ha progresado, en términos relativos, en los últimos 15 años. Entre el 2007 y el 2021, su ingreso por habitante creció 4% al año; en el resto del país creció 2,8%.
La economía puneña se ha ido formalizando rápidamente. A principios del 2005 había 51.900 contribuyentes inscritos en la Sunat; a fines del 2022 eran seis veces más, 321.500. Ningún otro departamento, con excepción de Huancavelica, ha visto crecer tanto su base de contribuyentes. La recaudación de impuestos aumentó en la misma proporción, de S/59 millones en el 2005 a S/383 millones en noviembre del 2022. Solo en otros seis departamentos hubo un aumento proporcionalmente mayor.
Puno no es precisamente un departamento minero. Difícilmente se puede decir que las transnacionales se llevan su riqueza. La minería genera menos del 6% del valor agregado departamental. Más de la mitad proviene de la agricultura, el comercio y los servicios. Pero la actividad que más ha crecido en la última década y media es la construcción, 7,4% al año, en promedio.
¿Cómo se ha reflejado el crecimiento económico en el bienestar de la población? El porcentaje con, al menos, una necesidad básica insatisfecha –la pobreza no monetaria, como algunos economistas la llaman– se redujo de 33% en el 2009 a 21% en el 2019. El número de conexiones residenciales de electricidad subió de 175.000 a más de 300.000 en ese mismo lapso. Las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento han logrado una cobertura que va del 90% en el caso de Seda Juliaca hasta 98%, 99% y 100% en los de Emsa Puno, Emapa Yunguyo y EPS Nor Puno, respectivamente. En las ciudades de Puno y Juliaca se dispone hoy de unos 200 litros diarios de agua por persona, frente a los 110 o 120 de diez años atrás.
Puno tiene hoy el doble de profesionales de salud, en proporción al tamaño de su población, de los que tenía hace diez años: 65 médicos y 158 enfermeros por cada 100.000 habitantes en el 2010; 136 y 290, respectivamente, en el 2019. La mortalidad infantil bajó de 44 a 18 niños por cada 1.000 nacidos vivos. Solamente dos departamentos, Cajamarca y Amazonas, tuvieron una tasa de mortalidad por COVID-19 menor que la de Puno; en los tres casos, menos de la mitad del promedio nacional.
Paradójicamente, los ataques al aeropuerto y los bloqueos de carreteras no habrían tenido el mismo efecto hace diez años. Los 11.000 kilómetros de carreteras se convirtieron en más de 13.000; los 37.000 carros, camionetas, ómnibus y camiones, en más de 55.000; los 250.000 pasajeros que pasaban por el aeropuerto de Juliaca, en 385.000.
¿Cómo explicar, con todos estos indicadores, que miles de personas hayan salido a marchar? Los avances no serán espectaculares, pero son muy buenos. Preguntémosle a la mayoría de puneños si no son importantes para ellos.
