Ian Vásquez
El Comercio, 29 de abril del 2025
“La política arancelaria de Trump se basa en un analfabetismo económico, y ha sido errática, impredecible y extrema”.
Mañana cumple Donald Trump 100 días en el poder. Su presidencia ha sido ambiciosa e imperial. A través de decretos e interpretaciones cuestionables de la ley, ha hecho caso omiso de los límites que le impone la Constitución hasta que lo detengan las cortes, y en algunos casos parece estar desafiando fallos que van en su contra.
Respecto del comercio, la política exterior y las relaciones sociales, el pensamiento de suma cero guía en buena medida el rumbo de Trump. La creencia de que, si alguien gana, otro pierde se antepone al concepto de ganancias mutuas.
En lo económico, el resultado ha sido perjudicial para el país y el mundo, que ahora ven un crecimiento económico notablemente reducido y hasta la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Incluso cuando las políticas propuestas por Trump son beneficiosas, frecuentemente se han ejecutado mal y no han generado muchos resultados.
Resumamos las políticas de estos 100 días. La política arancelaria de Trump se basa en un analfabetismo económico, y ha sido errática, impredecible y extrema. Se trata de un proteccionismo que Estados Unidos no ha visto en más de 100 años, que perjudica a aliados y adversarios, y que todavía no se sabe en qué terminará. Es casi seguro que Trump no tiene la autoridad legal para tomar estas medidas de tan largo alcance, pero el Congreso se ha negado a legislar sobre el tema como le corresponde y las cortes demorarán en dictar fallos al respecto.
La iniciativa de reducir el peso del Estado liderada por Elon Musk fue prometedora. De hecho, Musk prometió achicar el gasto federal por US$2 billones (US$2 millones de millones). En la práctica, parece que solo ha reducido el gasto por US$150.000 millones, y quizás mucho menos. En EE. UU., es el Congreso y no el Ejecutivo el que determina cuánto y cómo se debe gastar y qué agencias federales crear o abolir. Por lo tanto, muchos decretos de Trump en esta área han sido ilegales, por lo que se han tenido que suspender.
La cruzada de Trump en contra de los inmigrantes también ha cruzado líneas constitucionales. El presidente se ha valido de una ley de 1789, que solo se ha usado en tiempos de guerra, para deportar sin debido proceso a venezolanos que el gobierno acusa de ser criminales y enviarlos al gulag del régimen autoritario de Nayib Bukele en El Salvador. Trump quiere enviar a ciudadanos estadounidenses allí también.
Es probable que el gobierno ignoró el fallo de una corte de no deportar a los venezolanos y que la ley en que se basa no le da esa enorme autoridad arbitraria sobre los inmigrantes y los ciudadanos. La Corte Suprema y el gobierno están por enfrentarse en torno a este tema.
Pero Trump no quiere esperar y está pidiendo impugnar a los jueces que no fallan de acuerdo con su agenda. La semana pasada, el FBI arrestó a una jueza acusada de proteger a un inmigrante ilegal en su corte. No queda claro que la jueza haya violado la ley, pero el mensaje del gobierno sí fue claro: los inmigrantes pueden esperar a que los agentes del Estado aparecerán en las cortes que escuchan sus casos para arrestarlos sin una autorización legal firmada por un juez.
Respecto de la libertad de expresión, Trump no solo ha revertido las políticas que sustentaron la cultura de la cancelación, lo cual ha sido bienvenido, sino que ha amenazado y presionado a universidades, despachos de abogados y estudiantes inmigrantes para que su expresión y hasta sus actividades se comporten conforme a los deseos del gobierno.
El deseo de Trump de ampliar el territorio nacional y su trato a los aliados como si fueran adversarios también anuncian al mundo que en tan solo 100 días hemos entrado a una nueva era.
