(El Comercio, 05 de setiembre de 2015)
Que un sector pueda ser rentable no necesariamente justifica un trato especial por parte del Estado.
El debate sobre el lote 192 ha ayudado a resucitar la muy abusada idea de que existen sectores estratégicos que requieren un trato estatal favorable. Ahora que el Congreso ha autorizado –más por oportunismo político que otra cosa– a que Petro-Perú explote el lote, podemos esperar crecientes justificaciones de ese concepto.
El argumento de que ciertos sectores son estratégicos por razones económicas o de seguridad ha llevado a que políticos en distintos tiempos y partes del mundo hayan perjudicado una y otra vez a sus propios países, a veces de manera desastrosa.
Para países en desarrollo que sufren de una débil institucionalidad, el error más común es dar el manejo de los supuestos sectores estratégicos al Estado. Cuando se trata de recursos naturales, esa política tiende a agravar la corrupción y desalentar todavía más a políticas que permiten la creación de la riqueza, ya que el Estado vive del dinero fácil y no se preocupa por hacer reformas necesarias. En el peor de los casos, el resultado es el empobrecimiento de un país rico en recursos, como ha ocurrido en el Perú en el pasado y claramente ocurre en Venezuela hoy.
Incluso cuando no se trata del peor de los casos, la experiencia desacredita la idea de que el sector público es mejor gestor que el privado. Según el experto Piotr Kaznacheev, por ejemplo, el ingreso neto por barril de las empresas petroleras privadas más importantes del mundo ha llegado a superar a las de las empresas estatales más importantes por 87%. Petrobras es una de las empresas estatales que más gana por barril, pero aun así recibe la mitad de lo que perciben las privadas y es una fuente enorme de corrupción.
Que un sector pueda ser rentable o que es importante para la economía o hasta para las Fuerzas Armadas, no necesariamente justifica un trato especial por parte del Estado. Toda inversión es una apuesta. La gracia del sector privado es que si se apuesta bien, todos los consumidores nos beneficiamos, y si se apuesta mal, son los inversionistas los que pierden. Ocurre lo contrario en el sector público cuando, como suele suceder, no se maneja bien el negocio y somos los contribuyentes que pagamos las pérdidas.
Es verdad que el petróleo es importante para la economía y la seguridad nacional. Pero también lo son muchos sectores e industrias como la agricultura, la comida, los zapatos, el vestido y hasta los mismos armamentos. Eso no quiere decir que tiene sentido que el Estado sea quien produzca o maneje esos bienes. Para las mismas Fuerzas Armadas es mucho mejor dejar que florezca el sector privado y contratar sus necesidades con este. Si la preocupación, más bien, es que el Estado perderá ingresos al no involucrarse en actividades económicas, resulta más eficiente dejar operar a las empresas privadas y gravarlas.
Es irónico que el ministro de Economía lamente la decisión del Congreso respecto al lote 192, pues ha respaldado el concepto de sectores estratégicos en otros contextos. El Plan Nacional de Diversificación Productiva, después de todo, no es otra cosa que el favoritismo a ciertas industrias bajo la idea que las apuestas superiores de los planificadores generarán ventajas a la sociedad. Después de haber dado vida al concepto, no se debería sorprender de que haya quienes aprovechen la oportunidad.
