Ian Vásquez
El Comercio, 14 de febrero del 2026
“Es llamativo que las amenazas se estén dando en momentos en que Noboa ha declarado toques de queda y estados de excepción en su lucha contra la inseguridad”.
El domingo, los diarios ecuatorianos “Expreso” y “Extra” publicaron portadas mayoritariamente en blanco. Los periódicos protestaban por amenazas a su libertad de expresión por parte del gobierno.
Esos casos parecen formar parte de un patrón más amplio. Ya en febrero, Thalía Flores y Flores, periodista en otro medio, expresó un sentimiento cada vez más extendido: “Algo serio está pasando con el periodismo ecuatoriano”.
En el caso de los dos periódicos en protesta, su empresa editora (Granasa) denunció que el gobierno ha intentado adueñarse del 40% de las acciones de la firma a base de supuestas irregularidades hace seis años. Según Granasa, se trata de un “intento de hostigamiento y amedrentamiento del gobierno nacional, con el único objetivo de doblegar la línea editorial, lo que no han logrado con falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos, ni con una ilegal intervención de la Superintendencia de Compañías”.
Granasa ha prometido dar la lucha. “A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada: en blanco. Sin noticias. Sin preguntas. Sin verdades. No va a pasar. Solo la verdad nos mueve”, escribió “Expreso” en su portada.
En otros casos, medios críticos del gobierno han pasado a tener otros dueños que son afines o amigos del oficialismo. Según la ONG Fundamedios, una empresa controlada por un individuo que pertenece a la alianza política del presidente Daniel Noboa compró el medio digital “La Posta” y el 80% de la empresa matriz de Radio Centro. Posteriormente, los periodistas fundadores de “La Posta” renunciaron.
Quizás el caso más llamativo ha sido el de “El Universo”, recientemente vendido. Tras no publicarle cinco dibujos críticos del gobierno, el celebrado caricaturista Bonil (Xavier Bonilla) lo dejó a fines de marzo. Tenía tres décadas con el periódico.
Varios columnistas del medio también han anunciado su salida. Una de ellas es mi colega Gabriela Calderón de Burgos, quien comunicó este fin de semana lo siguiente al público: “Los periódicos son empresas privadas con derecho a ejercer la línea editorial que deseen y yo respeto su derecho. Bajo la nueva línea editorial no caben libremente mis opiniones, entonces he decidido buscar otro espacio”. Por primera vez en los 20 años en los que escribió para “El Universo”, le negaron publicar su entrega semanal. Criticaba “el populismo con dinero de otros”, una política crediticia nueva del gobierno.
Es muy temprano saber hasta dónde llegarán las presiones del gobierno. Pero el patrón es familiar y preocupante. Tanto regímenes de izquierda como de derecha han ejercido o intentado ejercer control sobre la prensa a través de la coerción regulatoria, el uso de pautas en forma de premio o castigo, y el traspaso de la propiedad de los medios a individuos o grupos amigos del oficialismo, muchas veces de manera no transparente. Esas prácticas se vieron en el gobierno de Rafael Correa como en el del gobierno húngaro de Víktor Orbán, recién derrotado en las urnas, y se están viendo hoy en Ecuador.
El control político o ideológico de la prensa típicamente viene acompañado de otras medidas que centralizan el poder. Es llamativo que estas amenazas se estén dando en momentos en que Noboa ha declarado toques de queda y estados de excepción en su lucha contra la inseguridad. Sus políticas no han reducido el crimen, pero la alta violencia le ha ayudado al presidente a consolidar poder.
Las recientes amenazas a la prensa también vienen después de que la propuesta de Noboa de realizar una constituyente constitucional (sin sugerir qué aspectos quería cambiar ni de qué modo) fuera rechazada abrumadoramente en noviembre. Especularíamos si dijéramos que, ante la falta de apoyo popular, el presidente decidió eliminar focos de opinión que difieren con el gobierno. Pero esa actitud seguiría un patrón que hemos visto demasiadas veces.
