Por: Humberto Martínez, Socio de Rosselló Abogados
Gestión, 29 de enero de 2020
La carencia de una regulación adecuada ha ocasionado la ausencia de proyectos mineros significativos que generen nuevas unidades mineras.
Actualmente, carecemos de una política ambiental que permita el desarrollo del sector minero más bien lo que tenemos es una errada política y normativa que se ha centrado en generar más regulación y obligaciones para los proyectos. El resultado de esta situación es la ausencia de proyectos significativos que estén avanzando en lograr poner en producción nuevas unidades mineras.
El Minem debe sincerar su cartera de proyectos. ¿De qué nos sirven las inmejorables presentaciones que hacen quedar bien al expositor, cuando vemos que ninguno de esos proyectos cuenta con posibilidades reales de desarrollo próximo? ¿Y qué hay de nuevos proyectos? Sin una exploración de nuevos proyectos nunca llegaremos a encontrar yacimientos adicionales a los que ya conocidos.
Muchos especialistas ya han explicado que la excesiva regulación y las demoras innecesarias no benefician a nadie. Al final, la empresa que propone un proyecto será siempre la responsable de su ejecución, sea que el expediente tenga 500 páginas o 36, 000 (caso mencionado por P.Wieland en Gestión Minera, 28 de junio del 2016). A mayor detalle, se genera mayor rigidez en el proyecto, pues los cambios requieren un nuevo trámite antes de ejecutarse.
Por ejemplo, antes no se requería una modificación del EIA si se incrementaba menos del 50% la producción, ahora cualquier incremento de producción requiere previamente la modificación de la certificación ambiental. Consideremos que hasta para levantar información de fauna y vegetación se requieren otras autorizaciones previas, con lo que la elaboración del EIA puede demorar largamente dos años, fuera del plazo para su evaluación.
Se han iniciado una vez más mesas de trabajo del sector privado con el Ministerio de Economía y Finanzas para destrabar las inversiones en minería. En estas reuniones el MEF tiene una clara vocación de mejorar la regulación ambiental y permisos estatales que han frenado al sector, pero no se percibe una real actitud similar en el sector ambiente y minería.
No se trata de reducir las exigencias ambientales en los Límites Máximos Permisibles (LMP) de los valores del agua, aire, ruido y suelo en los proyectos, sino de restablecer una razonabilidad en lo que se exige en los expedientes y en qué casos se justifica la modificación. Se ha propuesto restablecer procedimientos de aprobación automática para exploraciones y modificaciones que no impliquen un incremento de producción significativo, así como desregular los cambios menores como puede ser reubicar un componente o cambiar/reemplazar un equipo.
Claramente, esta errada política ambiental y regulatoria no se ha iniciado con la actual gestión gubernamental, pero todavía no se materializa ningún cambio significativo que nos haga pensar en un necesario cambio de ruta. Y de hacerse hoy no lo veremos mañana mismo, sino que requería todavía de un largo tiempo en que los proyectos de exploración vayan progresando hasta lograr ubicar recursos/reservas que justifiquen pasar a abrir una mina, momento en el que recién ganamos todos del éxito de la exploración.
