Por: Gonzalo Ruiz Díaz, Economista Asociado, Macroconsult
Gestión, 20 de mayo de 2020
La crisis sanitaria y su impacto económico sobre ciertos sectores viene siendo utilizada como argumento para resucitar algunas viejas ideas que han tenido acogida en el Congreso de la República.
Así, fantasmas del pasado, como el control de precios, han reaparecido, como si se hubiera olvidado la penosa experiencia sufrida por los peruanos durante la segunda mitad de los ochenta. Un primer ejemplo, está relacionado con las pensiones que cobran los colegios privados. Padres de familia y centros educativos se encuentran enfrentados debido al reclamo de los primeros sobre los costos de las pensiones y la calidad de la educación que actualmente reciben, bajo la modalidad no presencial. El deterioro de los ingresos de las familias ha originado que actualmente existan 87 mil solicitudes de traslado de colegios privados a públicos.
Sin duda, es un problema serio que exige flexibilidad y pragmatismo de ambos lados de la mesa, como ha manifestado del Ministerio de Educación. Sin embargo, el decreto legislativo aprobado por el Gobierno recientemente, que establece requisitos más estrictos de información para los colegios privados, parece haber contribuido a exacerbar las diferencias en lugar de reducirlas. En este contexto, existen dos iniciativas en el Congreso, que regulan las pensiones que cobran los colegios privados. Su aprobación constituiría un cambio de reglas de juego de una de las instituciones centrales del modelo económico: la libertad de precios.
Un segundo ejemplo, está relacionado con la aplicación del Código Penal a delitos como la especulación y acaparamiento. Existen cuatro iniciativas en el Congreso que buscan reinstaurar la figura del acaparamiento (este tipo penal fue eliminado en 2008), agravar las penas contra el delito de especulación y precisar los mecanismos para su aplicación. Uno de los aspectos clave para utilizar la figura de la especulación es que alguna entidad del Estado debe establecer una lista de productos considerados ‘esenciales’ y sus precios.
La experiencia ha de mostrado que en contextos de escasez, la fijación de precios no hace sino agravar los problemas de desabastecimiento, creando mercados negros, problemas de racionamiento y colas. La fijación de precios inhibirá la oferta a través de los canales formales, desviándola hacia intermediarios informales que paguen precios más altos.
Existen otras iniciativas de fijación de precios en el Legislativo, que regulan las tasas de interés para préstamos de banca personal, los precios de los medicamentos, las pensiones de universidades e institutos y tasas de descuento regulatorias. Todas ellas sin un análisis de impacto regulatorio y con una evaluación costo-beneficio muy pobre.
En una economía que lucha por recuperarse de una de las peores crisis de su historia reciente, la introducción de regulaciones antitécnicas que distorsionen el rol de los precios como señalador de la escasez de recursos, solo aumentará el costo que deberemos pagar los consumidores. Será como echar más combustible a la hoguera.
