Por Gonzalo Prialé
(Correo, 27 de septiembre de 2015)
Ante las dificultades que experimentan los megaproyectos mineros, postergados por conflictos sociales promovidos por el radicalismo ambientalista antiminero, se potencia la creciente importancia de los proyectos de infraestructura de servicios públicos para recuperar la dinámica del crecimiento de la economía en los siguientes años tras el cambio de gobierno.
Los dirigentes antimineros critican el “extractivismo” y señalan que debemos ser conscientes de que el superciclo de los precios de los minerales se acabó, y no se sentaron las bases para un desarrollo diversificado y sostenible. Por décadas se ha caracterizado la economía peruana como una de enclaves mineros. Esto dejó de ser cierto hace tiempo, pero no terminan de reconocerlo.
¿Estamos acaso ante otra oportunidad histórica perdida, es decir, un remake de la era del guano en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se desperdició la riqueza generada y se terminó perdiendo la guerra con Chile para entrar en una fase de la que nos costó décadas recuperarnos?
No es así. Primero, el guano perdió su valor económico ante alternativas sustitutas que lo sacaron del mercado; el cobre, el oro, la plata no están en riesgo de ser sustituidos o volverse inútiles. Al contrario, asumiendo que por ejemplo el cobre lo estuviera, ¿qué esperamos para sacarlo de bajo tierra, exportarlo y recaudar impuestos? ¿Qué ganaría el Perú sentado sobre ricas y altas montañas llenas de minerales que dejaron de tener valor económico?
Segundo, la diversificación de las actividades económicas que proponen los antimineros se concentra en la pequeña agricultura, la pequeña ganadería y la pequeña minería, sectores básicamente informales, de economía de subsistencia, que difícilmente alcanzaría para sacar de la pobreza a los peruanos más pobres.
Tercero, a lo largo de las últimas décadas se pusieron en marcha desde el gobierno, políticas de industrialización que apuntaban a diversificar la economía, fomentando sectores seleccionados, ahora se fomenta inversiones descentralizadas, con resultados limitados.
La falla ocurre cuando los impuestos y el canon minero no se gastan apropiadamente, al ritmo necesario para construir una base material, conectando a los peruanos con el mercado, construyendo masivamente infraestructura de comunicaciones y carreteras, dotándolos de agua y saneamiento, energía eléctrica, gas. Sin esta base material desplegada en todas las regiones, no solo en algunas de la Costa, el costo logístico, el costo de transar en el país, resulta alto, comparado con el de otros países mejor equipados que pueden producir los mismos bienes industriales a menor costo.
En tales condiciones resulta prácticamente imposible competir, a menos que el Estado subsidie a las industrias descentralizadas para compensarlas por la falta de competitividad nacional, consecuencia de la falta de infraestructura pública.
Por otro lado, es importante desarrollar el mercado doméstico al mismo tiempo que se impulsa las exportaciones. Esta ha sido una falencia del modelo promercado hasta ahora: mirar hacia afuera, olvidando a los peruanos que producen no transables en su mercado interno. Los países que han alcanzado desarrollarse sosteniblemente, lo hicieron tanto hacia afuera como hacia adentro.
El problema es de gestión. El Estado en el Perú no logra tomar decisiones, promover inversiones y destrabar la maraña de permisos que enfrentan las empresas. La gestión de las asociaciones público privadas (APP) está ahora sumamente centralizada en el MEF, ente rector del recién creado Sistema Nacional de Inversión Privada.
En el caso de las asociaciones público privadas, por ejemplo, se buscan resultados ingleses con procedimientos de baja calidad. No se puede esperar que los procesos de APP y las obras se ejecuten con pocas adendas, sin mayores desviaciones en tiempo y en presupuesto, como en Inglaterra o Australia, si se concursan con estudios de factibilidad poco profundos lejanos de la ingeniería definitiva de detalle, con expropiaciones que nunca terminan, contratos rígidos y una maraña de permisos que toman años.
