Por: Gianfranco Castagnola
El Comercio, 15 de enero de 2020
El Comercio, 15 de enero de 2020
Hace unos meses, la ministra de Trabajo anunció que a inicios del 2020 el consejo evaluador del sistema previsional público y privado daría a conocer una propuesta de reforma integral en este tema. El Gobierno deberá decidir entre adoptar políticas que le permitan enfrentar los inmensos retos del sistema, que son principalmente el de darle sostenibilidad, ampliar su cobertura y mejorar los niveles de las pensiones, o eludirlos.
El tema previsional está en discusión en muchos países. Lo hemos visto recientemente en Chile, donde el sistema privado de pensiones estuvo en medio de la tormenta social que se desató en octubre pasado. Y lo vemos también en países con regímenes de reparto –donde las contribuciones son indefinidas, pero los beneficios definidos–, como en Brasil, en donde presiones de grupos de interés habían logrado reducir la edad de jubilación efectiva a apenas 53 años para las mujeres y 57 para los hombres. Como menciona David Tuesta en un reciente informe, esto llevó a que las pensiones absorbieran el 58% del presupuesto público –tres veces más que el destinado a Educación y Salud juntos–.
Las pensiones también son la razón de la crisis social que atraviesa Francia. El gobierno del presidente Emmanuel Macron pretende eliminar los 42 regímenes especiales que permiten a determinados grupos jubilarse a los 52 años, como es el caso de los conductores de trenes. Al igual que en Brasil, el costo fiscal no es sostenible. Y también en Estados Unidos: a fines del año pasado, “The Economist” reseñó la crisis financiera por la que atraviesan los regímenes de beneficios definidos de distintos grupos de trabajadores del sector público estadounidense, donde se estima que tienen una insuficiencia de fondos para cubrir futuras obligaciones de US$1,6 billones (trillones en inglés).
Como sostiene Tuesta en su estudio, detrás de la crisis de los sistemas previsionales hay, en primer lugar, tendencias demográficas estructurales: el crecimiento demográfico en muchos países ha declinado e, incluso, se ha vuelto negativo. A la vez, la esperanza de vida ha aumentado significativamente. En el Perú, por ejemplo, lo ha hecho en 15 años en las últimas cuatro décadas. Esto vuelve a los regímenes de beneficio definido cada vez menos sostenibles: se recauda menos por una población declinante para financiar pensiones de jubilados que cada vez viven más; y también a los de capitalización individual, pues ello reduce el monto de las pensiones.
Otro factor que ha afectado los sistemas previsionales son las bajas tasas de interés de la última década, que impactan negativamente en los rendimientos de sus recursos. Por ejemplo, en 1982 los bonos de largo plazo del Tesoro estadounidense rendían 14,6%; hoy lo hacen en apenas 2,4%. Finalmente, la densidad de los aportes que realizan los trabajadores se ve afectada por los períodos en los que están sin empleo –o trabajando informalmente o como independientes–. En el Perú, según un estudio del BCRP, el 42% de los afiliados al sistema privado tiene una densidad de aportación menor al 18%. En el caso de los sistemas de reparto, estos elementos afectan el equilibrio fiscal, y en el caso de los sistemas de capitalización individual, al nivel de las pensiones.
En el Perú, el principal reto es la exigua cobertura de los sistemas. Solo la cuarta parte de la PEA está afiliada a algún régimen y menos de la mitad cotiza de manera regular. Ampliar la cobertura y la densidad de las aportaciones no es cosa sencilla debido a la magnitud de la informalidad de nuestra economía. El Perú no es el único país del mundo que enfrenta esta situación. Más aún, la economía digital está cambiando la relación tradicional empresa-trabajador, lo que obliga a pensar en esquemas de aporte no tradicionales como, por ejemplo, aquellos basados en el consumo más que en el ingreso.
Un segundo reto en el Perú es el futuro del Sistema Nacional de Pensiones, un rezago del sistema de reparto que se financia con transferencias del Tesoro Público y con los aportes de aquellos trabajadores que no cumplieron o no cumplirán los 20 años mínimos de aporte para acceder a una pensión –lo que implica un impuesto regresivo inaceptable sobre este segmento–. Idealmente, este régimen debiera cerrarse y sus trabajadores traspasarse al sistema privado, lo que no parece viable políticamente. Una opción más aceptable puede ser la de convertir a la ONP en una AFP estatal, debidamente regulada para que no compita deslealmente con las privadas.
Un tercer reto es el de mejorar las pensiones en el sistema privado. La actual tasa de reemplazo (relación entre pensión y última remuneración) es del 40%, cuando el ideal debiera estar más cerca del 60%. En el Perú, se cotiza el 10% de las remuneraciones. En Chile, para enfrentar este problema, se ha propuesto un aporte adicional de cuatro puntos porcentuales a cargo de la empresa, a aplicarse con gradualidad en varios años. En los países de la OCDE, la tasa promedio de cotización es del 18,4%. Otras opciones que vienen siendo promovidas en varios países son las de aumentar la edad de jubilación a 67 años o incentivar el ahorro previsional voluntario. En México, por ejemplo, se lanzó hace dos años el programa Millas para el Retiro, que a través de una app permite a los afiliados al sistema privado autorizar el cobro de un porcentaje extra de sus consumos con tarjeta, que se acumula –como ahorro voluntario– en sus cuentas individuales.
En el Perú hay mucho por hacer en el tema previsional. Esperemos que el Gobierno enfrente estos retos, no los eluda o termine aprobando medidas populistas, como la demagógica “Ley 95,5”, que destruyen lo poco que funciona bien del sistema.
