El Comercio, 28 de febrero de 2017
Un primer paso para entender una crisis es la búsqueda de responsables, y Lava Jato no es la excepción. La lista hasta hoy es amplia y variada: la debilidad institucional, el imperialismo brasileño impulsado por el Partido de los Trabajadores en alianza con empresas constructoras corruptas, el modelo económico, la tecnocracia, etc. El debate es importante, pues de las conclusiones dependerá la calidad de las políticas e instrumentos que se apliquen para que estos eventos no vuelvan a ocurrir. Pero en este esfuerzo es conveniente excluir razonamientos propios de teorías de la conspiración o procedentes de posiciones ideológicas y políticas interesadas.
Era esperable que Lava Jato creara un clima cargado de desconfianza y sospecha. Las operaciones corruptas de las empresas constructoras brasileñas en nuestro país han implicado un costo de centenares de millones de dólares, han involucrado a empresas y políticos de alto perfil, y han puesto en cuestión proyectos de inversión icónicos.
Nuestra indignación, sin embargo, no debe llevar a acusaciones extensivas de corrupción a personas solo por haber tenido algún tipo de relación con empresas que hoy tenemos la certeza de que son muy corruptas, pero que en los últimos 15 años formaban parte de la vida económica y social del país. Por ejemplo, sería un error descalificar al sistema financiero local, a organismos financieros multilaterales o a los fondos de pensiones por haber financiado a tales empresas con miles de millones de soles, así como no se puede estigmatizar a los miles de personas que trabajaron para ellas, totalmente ajenos a las prácticas corruptas de su cúpula. Estas persecuciones generalizadas, además de afectar la honra de personas inocentes, pueden inducir la introducción de impedimentos y “responsabilidades objetivas” (es decir, sin que se pruebe la culpabilidad), lo que terminará espantando del sector público a buenos funcionarios y a empresas serias.
Hay que tener cuidado también con el sesgo ideológico. La corrupción de los años 70 y 80 estuvo objetivamente correlacionada a la excesiva intervención del Estado en la economía, mientras que la de los 90 se incubó en el modelo político. Ahora está relacionada a inversiones en infraestructura vía obras públicas y asociaciones público-privadas (APP). En el debate se está privilegiando estas últimas y el papel que la “tecnocracia liberal” ha tenido en su promoción. Esta identidad ha llevado a una ex candidata presidencial a concluir que Lava Jato es producto del modelo de desarrollo que “está diseñado para promover la corrupción”. Este razonamiento no reconoce que Odebrecht cometió los mayores actos de corrupción en Brasil, México y Ecuador precisamente con empresas petroleras estatales (Petrobras, Pemex y Petroecuador).
El modelo de APP en el Perú ha sido exitoso y ha alcanzado distintas actividades: puertos como el Callao y Matarani, el aeropuerto Jorge Chávez –premiado como el mejor de América Latina por muchos años–, las plantas de tratamiento de aguas residuales de Taboada y La Chira, el teleférico de Kuelap, los hospitales de Essalud en el Callao y Villa María del Triunfo –apreciados por los usuarios como los dos mejores del sistema–, todo el sistema de transmisión de energía, etc. En todos ellos hubo concursos transparentes y limpios, y todos están regulados por contratos supervisados por organismos técnicos. El problema de la IIRSA fue precisamente que se saltearon todos los procedimientos. Caso contrario, no se hubiera realizado.
Donde se pueden encontrar muchos más casos de corrupción es en la obra pública. Si se revisa el portafolio de obras ejecutadas por las empresas brasileñas involucradas en Lava Jato, se verá que la mayoría de ellas no se ha realizado bajo el sistema de APP, sino a través de obras públicas, como la línea 1 del metro.
En un país institucionalmente débil, luchar contra la corrupción no es tarea fácil. Más aun si se trata de detectar arremetidas tan bien organizadas como la puesta en práctica por las empresas brasileñas. Como señala Ernesto de la Jara en un reciente artículo, “este tipo de actividad actúa mezclando y confundiendo actividades lícitas con ilícitas, es decir, los actos ilegales tienen una cobertura legal tan bien estructurada que hace casi imposible ver a los primeros”. Precisamente por eso tomó tanto tiempo el “destape”. Por ejemplo, cuando se impulsó la IIRSA en el 2005, quienes nos opusimos al proyecto pensábamos que la principal motivación del presidente Alejandro Toledo en impulsarlo era su interés político de dejar una megaobra para la posteridad. No recuerdo que nadie haya formulado sospechas de corrupción en ese momento.
La teoría económica ofrece un buen marco para el debate actual. Susan Rose-Ackerman, una de las mayores expertas mundiales en el tema, dice que los funcionarios son vulnerables a la corrupción si se cumplen tres condiciones: si los beneficios son importantes, si los funcionarios creen que no correrán mayores riesgos de ser descubiertos y castigados, y si tienen un importante poder de negociación frente al privado. Mientras más alta sea la probabilidad de que el acto corrupto sea detectado y sancionado severamente, más altos serán los posibles costos, y, por lo tanto, la transacción corrupta no resistirá el análisis costo-beneficio que haga el funcionario proclive a la corrupción. Esperemos que las soluciones que salgan del debate apunten en esta dirección y no en la de estigmatizar mecanismos como el de las APP o en recurrir al fácil expediente del formalismo controlista, que genera la falsa ilusión de que estamos combatiendo eficazmente la corrupción.
