Todos los permisos a los exportadores de carnes de la UE están a punto de expirar este 31 de octubre.
Los importadores y exportadores peruanos tienen claro desde hace tiempo que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), dependiente del sector agricultura, es en la práctica un Estado dentro del Estado: un país independiente que decide e implementa las restricciones y dilaciones que su libre albedrío le dicta, con el único propósito de frenar o limitar el comercio internacional.
La última de estas faenas tiene que ver con la importación de productos cárnicos y lácteos de la Unión Europea (UE). Respecto de esta actividad, existe desde antaño una exigencia del Senasa para que cada productor europeo acredite, en un voluminoso expediente y a través de un trámite que podía tardar diez meses, sus prácticas de calidad sanitaria. A este tormento se le denomina “habilitación documentaria”.
Como todo trámite peruano, la habilitación dura tres años y luego hay que renovarla, repitiéndose nuevamente el suplicio de explicar cómo los fabricantes alemanes, españoles o italianos ordeñan sus vacas, cocinan sus cerdos o limpian los baños de sus operarios.
Pues bien, todos los permisos concedidos de esa manera a los exportadores de carnes, embutidos, leche, quesos y productos similares de la UE están a punto de expirar este 31 de octubre. Para renovarlos o para autorizar a nuevos productores, el Senasa está exigiendo que, con la habilitación documentaria, se requiera ahora la visita de sus técnicos in situ, para comprobar la calidad de las materias primas y los procesos productivos.
Imagine usted el carnaval de viajeros frecuentes que puede surgir de este despropósito. Salas VIP, tickets en ‘business class’ y hoteles cinco estrellas como cancha. Se trata probablemente de unas 300 empresas europeas que los científicos del Senasa aspiran a visitar por cuenta de los fabricantes o de los importadores. Les quedarán cortísimas las páginas de sus pasaportes.
Estas visitas no pasarían de ser unas vacaciones envidiables si no se tratara de una pretensión abiertamente ilegal, porque lo que está exigiendo el Senasa contraviene frontalmente lo dispuesto en el capítulo comercial del tratado de libre comercio (TLC) firmado con la UE que está vigente desde marzo del 2013.
Ese tratado establece meridianamente que en materia sanitaria y fitosanitaria ya no se pueden exigir visitas a los productores individuales. Lo que en el Perú se obligó a hacer son evaluaciones, documentarias o presenciales, de los sistemas de calidad de cada país de la UE, no de sus empresas por separado; es decir, una habilitación global del sistema de cada nación. Y con plata del Senasa.
Pues bien, hasta la fecha el Senasa no ha hecho ninguna de esas evaluaciones ni ha habilitado el sistema sanitario de ninguno de los países de la UE. Por el contrario, a la revisión documentaria ha agregado ahora esta aberración de las visitas individuales, seguramente para fomentar el turismo y el enriquecimiento cultural de sus funcionarios.
Pero el Senasa es así. Tiene su propia interpretación de las leyes, los tratados y la vida. Sus jerarcas no suelen asistir a reuniones de coordinación interinstitucional, demoran meses en responder los oficios y no se someten a nadie.
Mientras ello sucede, la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sigue viajando por el mundo para hacer de cuenta que firma tratados de libre comercio. Más barato y más efectivo le resultaría tomarse una carrera hasta las oficinas del Senasa y procurar poner orden en casa (si la reciben). Ahora hay unas aplicaciones buenazas para pedir los taxis desde el smartphone.
