Por: Fernando Rospigliosi
El Comercio, 2 de noviembre de 2019
En su presentación del miércoles pasado, el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros hicieron lo que se temía: aprovechando que ellos disolvieron el Congreso, anunciaron que promulgarán decretos de urgencia que no tienen nada de urgentes. Es decir, el gobierno “se estaría arrogando sin motivo las funciones que otro poder del Estado por el momento no puede cumplir”, como bien precisó el editorial de El Comercio. (31/10/19).
Y el propósito sería mejorar la “popularidad del gobierno y del jefe de Estado” que pretende “identificar los beneficios políticos de los anuncios con su propia figura”.
Era de esperarse, por supuesto. Si Vizcarra solo ha aumentado su popularidad atacando al Congreso y ahora este no existe, tiene que recurrir a ese tipo de tretas para subir su aprobación, dado que su gestión es peor que mediocre y no hay ningún indicio de que mejorará en el futuro.
En otro plano, la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir la demanda contra el golpe del 30 de setiembre perpetrado por Vizcarra ha sido considerada por los voceros de la coalición vizcarrista como una prueba de que en el Perú existe la más absoluta y límpida democracia.
Eso es tan falso como afirmar que porque no hay tanques en las calles no hay un golpe.
La admisión de la demanda por el TC no cambia nada. En realidad ya no hay posibilidad de vuelta atrás, tanto porque es muy improbable que el TC, cuyos miembros –casi todos– fueron elegidos en un Congreso donde el humalismo era mayoría, se atreva a considerar ilegal la disolución del Congreso y exija su restitución, como porque si así fuera el gobierno no le haría caso.
Es muy obvio ya –salvo para la coalición vizcarrista– que los golpes del siglo XXI no se realizan con tanques en las calles. Es más, a diferencia de los golpes de antaño, sus ejecutores intentan que pasen desapercibidos. Como dice el británico David Runciman, profesor de la Universidad de Cambridge, “hoy tal vuelco antidemocrático ya no requiere de tanques ni de soldados ni de detenciones”. Por el contrario, “lo que caracteriza a los golpes del siglo XXI es que sus impulsores intentan ocultar que haya cambiado algo”. En otras palabras, antes los golpes necesitaban dejar claro que la democracia había terminado para triunfar, mientras que hoy “necesitan fingir que la democracia se mantiene intacta”. (“Así termina la democracia”, Paidós, 2019).
Que es exactamente lo que pretenden hacer creer Vizcarra y la coalición que lo respalda.
Runciman detalla varios tipos de golpes que van extinguiendo la democracia en el siglo XXI, entre ellos “la ‘expansión del Ejecutivo’, cuando quienes están ya en el Gobierno van apropiándose de parcelas de poder de otras instituciones democráticas que, aun así, no llegan a abolir. […] Para tener éxito, los golpes promisorios y las expansiones del Ejecutivo precisan que se preserven las apariencias de democracia, pues el golpe triunfará si el pueblo cree que la democracia continúa existiendo”.
Como si fuera un retrato de la situación del Perú actual, Runciman añade: “En concreto, la expansión del Ejecutivo cuando un líder gubernamental fuerte va arrancando parcelas a la democracia sin dejar de elogiarla de boquilla tiene todos los visos de ser la mayor amenaza para la democracia en el siglo XXI”. Entre otras razones, porque “ambos (la democracia real y la simulada) se parecen asombrosamente”.
Otra característica de este socavamiento de la democracia es acudir a mecanismos supuestamente superdemocráticos como el referéndum: “El recurso creciente a los referéndums en muchas democracias encaja en ese patrón. Un referéndum parece democrático, pero no lo es. Los espectadores son arrastrados puntualmente al escenario para dar un simple sí o un no a una proposición en cuya preparación no han tenido participación alguna”. Así, “la demanda popular de más democracia puede terminar teniendo el efecto contrario”.
Finalmente, dice Runciman, “‘democracia zombi’ podría definir mejor el actual estado de cosas”.
Otrosí digo. Vizcarra anunció un decreto para que no hayan “más armas ilegales en las calles”. Un absurdo, porque la ley actual prohíbe, naturalmente, las armas ilegales. El asunto no está en la ley sino en la incapacidad de la Policía para hacer cumplir la ley. Pero es obvio que esa medida no irá contra los delincuentes sino contra los usuarios legales, contra los que sí cumplen la ley y son fácilmente identificables. Los únicos favorecidos serán los delincuentes.
