Por: Felipe Morris
Perú21, 11 de agosto de 2020
En los próximos días se discutiría en el Pleno el dictamen del proyecto de ley de la Comisión de Defensa del Consumidor para permitir que los afiliados a las AFP que no hayan aportado en doce meses puedan retirar hasta el 100% de sus fondos. La medida es popular porque otorga liquidez a las personas, pero tiene una serie de efectos negativos que deben considerarse previo a su aprobación.
Los grandes perdedores serían los propios afiliados, ya que los retiros tendrán un impacto en sus futuras pensiones y en el caso de aquellos que como resultado de esta norma rescaten todo su fondo y dejen de aportar al SPP podrían perder su acceso a Essalud cuando se jubilen y la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia permanentemente, dejando desprotegidas a sus familias en la eventualidad de su fallecimiento o una invalidez. Los fondos de los restantes afiliados se verán afectados también por pérdidas en el valor de las inversiones.
Asimismo, limitaremos aún más nuestro precario ahorro de largo plazo, nuestra capacidad para financiar proyectos de inversión y nuestro incipiente mercado de capitales al reducirse aún más los fondos administrados por las AFP. Los nuevos rescates también las obligaría a vender bonos soberanos para no exceder límites regulatorios de diversificación, afectando sus precios.
El PL tampoco toma en consideración sus efectos sobre la futura reforma previsional, que se vería limitada por estos retiros de fondos ya que haría muy oneroso que el fisco implemente la propuesta de pensión mínima en el SPP, un anhelo de larga data, porque la gente se jubilaría con fondos muy bajos. Tampoco considera el pernicioso efecto sobre las finanzas de Essalud, que exacerbaría lo que ya viene ocurriendo a raíz de la Ley 95.5% donde los fondos que se le trasladan no alcanza para cubrir ni el 20% del costo de atender a los nuevos jubilados, afectando su autosostenibilidad y calidad de servicio.
Esta ley no debe aprobarse fuera del marco de una reforma previsional por sus diversas ramificaciones. Por lo menos se debe estudiar el impacto de los retiros sobre el costo para el fisco si se decidiera establecer una pensión mínima y sobre las finanzas de Essalud, poniendo topes a los retiros y fijando condiciones para poder afiliarse a esta al jubilarse. Cabe recordar que la Constitución establece en sus disposiciones finales y transitorias que cualquier reforma previsional tiene que ser sostenible financieramente.
