Por: Federico Salazar, Periodista
El Comercio, 5 de mayo de 2019
El Comercio, 5 de mayo de 2019
El gobierno ha planteado pasar al Poder Judicial el poder de levantar la inmunidad parlamentaria. El propio presidente de la República lo ha recordado, a raíz de la desaparición del general Edwin Donayre, requerido por la justicia y desaforado por el Congreso.
Esta es una muestra flagrante del escaso rigor de las reformas planteadas por el Ejecutivo.
El Congreso actual ha cometido dilación, blindaje y realizado ejercicio arbitrario del poder. Sería muy popular, por cierto, quitarle prerrogativas.
La política nacional, sin embargo, no puede guiarse por criterios tan infantiles de compensación. “Te portas mal, te quito el caramelo” es algo que se le puede decir a un niño; no sirve, en cambio, para la reforma constitucional.
La inmunidad es resultado de la experiencia histórica no solo peruana, sino mundial. Hubo tiempos en que las acusaciones se usaron para condicionar a quienes tenían el mandato de legislar.
Modificar una institución por la conducta de un caso particular es negligente. El presidente Vizcarra dice que el levantamiento de la inmunidad no debe estar en manos del Congreso “porque ocurren estas dilaciones”, refiriéndose al Caso Donayre.
Este Congreso, efectivamente, no ha sido estricto ni diligente en los casos de levantamiento de inmunidad. La pregunta es: ¿habrá rigor en el Poder Judicial?
Nuestro Poder Judicial es una institución con la que prosperaron jueces como César Hinostroza y organizaciones criminales como, por ejemplo, la mafia Orellana. Es, como todas las instituciones en el Perú, una entidad en la que todavía queda pendiente la reforma contra la corrupción.
El levantamiento de la inmunidad a cargo de la misma institución que juzga es lo contrario a lo que debe hacerse. Concentrar el poder de juzgar jurisdiccionalmente y de sancionar políticamente atenta contra la independencia y separación de poderes.
La democracia es algo contrario a la concentración del poder. Pasar un encargo político al Poder Judicial solo va a politizar a las instituciones de justicia que, precisamente, deben estar separadas de ese ámbito de decisiones.
Dar los dos encargos al Poder Judicial es romper el equilibrio de poderes que busca la Constitución. Este proyecto de reforma es antidemocrático y anticonstitucional.
Muchos quieren castigar a la actual mayoría parlamentaria. Hay quienes quieren castigar al Congreso en general. Cualquier propuesta de reducción de sus poderes y prerrogativas va a contar con el aplauso de la opinión mayoritaria.
No es responsable, sin embargo, ir por el aplauso de las graderías de esta manera. El Ejecutivo quiere ofrecer la cabeza de la mayoría congresal. Lo que pone en bandeja, sin embargo, es algo más: una pieza emblemática del orden democrático.
Hay que cambiar los arreglos institucionales en los que se acomodan el blindaje o la dilación cómplice. Plazos o condiciones para los procesos parlamentarios pueden modificarse, sin necesidad de romper el equilibrio de poderes.
Llama la atención que los criterios del Ejecutivo hayan sido tan superficiales. Una reforma constitucional no debe ser un instrumento de castigo político. Debe ser una herramienta de mejora institucional.
La mayoría parlamentaria ha cometido muchos errores e inconductas. El Caso Donayre revela, por supuesto, cuán ineficiente ha sido.
Los cambalaches de votos, los apoyos subrepticios para proyectos de ley o votaciones importantes, todo eso se pone en juego cuando se juzga en sus fueros a un parlamentario. Eso no es así solo con esta mayoría y con nuestro país: es así en la democracia occidental.
La reforma es necesaria. Debe partir, sin embargo, de un estudio de los casos y no de una reacción en el juego de la política cotidiana. No está en juego la mayoría actual del Congreso, sino la naturaleza permanente de los futuros congresos del Perú.
Sorprende que el presidente Vizcarra considere que el proyecto de ley sobre inmunidad sea una de las proposiciones más importantes de la reforma política planteada. No parece haberse detenido a pensar sus consecuencias constitucionales.
La población tiene una responsabilidad al haber elegido a la actual mayoría. Y debe asumirla. No le toca al Ejecutivo “corregir” ese mandato. Menos, a través de una reforma que afectará el futuro del orden constitucional.
