Por: Federico Salazar
El Comercio, 10 de noviembre de 2019
Los congresistas “están muy acostumbrados a hacer lo que no corresponde. Ahora, que la Comisión Permanente se sujete estrictamente a lo que la ley le faculta”. Eso ha dicho el presidente Vizcarra, después de la caída de 13 puntos en la última encuesta de Datum.
El presidente no solo cerró el Congreso. También liquidó, de paso, al espantapájaros que usaba para evadir su responsabilidad política. Esterilizada como quedó, la Comisión Permanente no le servirá para tal fin.
Vizcarra no disolvió el Congreso: lo cerró. Disolver es una figura constitucional que reclama ciertos requisitos. No se cumplieron, por lo que no se puede hablar de disolución constitucional.
Vizcarra no hizo estricto cumplimiento de la ley. Ejerció el poder que le otorgaba una opinión pública mayoritaria.
Esa opinión pública apoya a Vizcarra para que se salga de la ley. El 41% de los que lo aprueban, según Datum, lo hace porque cerró el Congreso. El 34% porque “lucha contra la corrupción”.
Estos encuestados ven como lucha contra la corrupción el cierre del Congreso. Apoyan más una lucha contra los corruptos que contra la corrupción. Es decir, apoyan el resultado político, sin importarles mucho el medio institucional.
Así parece sugerirlo la encuesta. Entre los que lo aprueban, solo 6% lo hace porque “es un demócrata” y otro 6% porque “está haciendo un buen trabajo”.
El pretexto de este cierre del Congreso (disfrazado de disolución) ha sido el obstruccionismo. El 58% de los encuestados, sin embargo, cree que el gobierno sigue gobernando igual que antes de la intervención.
El Congreso que se fue tiene muchos pecados en su haber, pero no fue un obstáculo especial para la acción gubernamental. Fue una rémora para la justicia y para la fiscalización de los congresistas, pero no para algo que fuera tarea gubernativa.
Quienes hacen la lucha contra la corrupción, con errores y aciertos, son los fiscales y los jueces. El gobierno no ha hecho nada por corregir los mecanismos que facilitan la corrupción.
El caso Orellana, por ejemplo, reveló que había deficiencias en nuestro sistema de registros públicos, de fiscalización y sanción al trabajo de las notarías, así como del Poder Judicial.
La mafia Orellana robaba propiedades falsificando documentos, comprando testigos, sobornando jueces. ¿Cuáles son las reformas administrativas que impedirían hoy el funcionamiento de una mafia amparada en los meandros de la burocracia judicial?
¿Qué se ha hecho en el ámbito de las municipalidades o las regiones para hacer más transparentes esas gestiones? ¿Cuál es la gran reforma administrativa?
¿Y cuál es la reforma en la administración policial? Las comisarías no pueden atender las denuncias sobre mujeres golpeadas o asesinadas, ni de niñas violadas, ni de robos a restaurantes o de hurtos de celulares en la calle.
La policía no se da abasto. Edwin Donayre, en cambio, fue trasladado en helicóptero.
Lo de Donayre fue un acto de propaganda gubernamental y de uso político de los bienes de la PNP. No es algo que mejore la eficiencia policial en la búsqueda de los evadidos de la justicia y de la ley.
Esta semana que pasó, un hombre quiso degollar a su vecina porque esta se negó a salir con él. Casi lo logra. Se descubrió que estaba libre a pesar de que anteriormente asesinara a su pareja de entonces. Estaba libre por exceso de carcelería.
Ni los fiscales están interesados en seguir los casos ni a los jueces les importa mucho liberar a los criminales. ¿Cuál es la reforma propuesta por el Ejecutivo para hacer eficiente la persecución del crimen?
El gobierno, como se ve claramente en el uso del helicóptero, está interesado en la política. El show es más importante que la eficacia y la protección de la ciudadanía. ¿O es que algún ministro se ha pronunciado sobre el caso del feminicida liberado?
La corrupción de la política es solo la punta del iceberg. Hacer espectáculo con esa punta da réditos, pero réditos que se acaban muy rápidamente.
Vizcarra no cerró el Congreso para hacer estas reformas. Lo hizo simplemente porque le sumaba aplausos.
Esa es la frívola razón por la que se rompió la Constitución en el 2019.
