Por: Federico Salazar
El Comercio, 28 de Mayo del 2023
“No se debe aceptar la acusación especulativa y sesgada. Tenemos, también, derecho a la verdad”.
Quieren que abandonemos la razón. No quieren que pensemos. Quieren agitación, falsedad y sublevación.
Amnistía Internacional (AI), una ONG de alcance global, ha publicado un informe sobre las protestas y la represión de inicios de año. No es un documento serio.
AI concluye que se usaron “armas letales” y “armas prohibidas para tarea de control del orden público (perdigones)”.
Todas las armas que usan las Fuerzas Armadas son, obviamente, “letales”. La redundancia quiere causar una impresión.
Los mismo sucede con la expresión “armas prohibidas”. AI no informa sobre el contexto en que se recurrió a las Fuerzas Armadas.
Hubo incendios de aeropuertos, de sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial, además de empresas, así como vías tomadas y bloqueadas. Todo ello inmovilizó a buena parte del país que quería trabajar.
Las autoridades esperaron a que las cosas se calmaran. Cuando el Gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas y Policiales, ya había una situación de vulneración de los derechos de los ciudadanos que quieren vivir en paz.
No es falso que hayan muerto decenas de personas. Culpar al Gobierno de esas muertes es, sin embargo, irrazonable e irresponsable.
Es cierto que hubo efectivos de las fuerzas del orden que persiguieron a manifestantes. Cuando vemos a uno de ellos arrodillarse, apuntar y disparar, estamos ante un asesinato. La pregunta es: ¿obedecía una orden de matar?
Esta es la conclusión del informe de AI. Para ellos, “lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales, el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad peruanos apuntaría a una respuesta estatal deliberada y continua”.
¿Apuntaría? ¿Es eso serio? Acusas a alguien de cometer asesinato ¿y le dices “todo apuntaría a que ordenaste”? Eso es de una colosal irresponsabilidad.
La mejor acrobacia argumental de AI se refiere al racismo. Las fuerzas de seguridad actuaron letalmente, dice, en regiones que representan el 13% de la población total. Pero en ese 13%, la mayoría se considera indígena.
El 80% de las muertes ocurrió en esas regiones. Por lo tanto, “hubo una sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”. Ergo, ¡fue un ataque racista! Y si es contra una etnia, ¡es genocidio!
Las muertes se “sobrerrepresentan”. Este atentado contra la razón tiene una finalidad. ¡Tener un acusado de genocidio!
AI no nos puede contar lo que vimos. Lo que vimos no fue, en todos los casos, manifestaciones y protestas. Muchas veces vimos delitos, como asaltar e incendiar una empresa o una comisaría o matar y quemar a un policía.
Imaginemos que un grupo protesta en París y toma por asalto y quema un “Comissariat de Police”. ¿No tendrían que acudir las fuerzas del orden con todo su equipamiento?
Esto ya lo vivimos antes. Se cometen delitos muy graves para que la respuesta de las fuerzas del orden sea desmedida. Y entonces viene la acusación no para el que inició la violencia, sino para el que respondió.
Las fuerzas del orden deben actuar bajo la ley. Están facultadas a usar su equipamiento, según lo establecen el decreto legislativo correspondiente y su reglamento. Se debe investigar quiénes infringieron su propia ley.
No se debe aceptar la acusación especulativa y sesgada. Tenemos, también, derecho a la verdad.
