Fausto Salinas Lovón, Cusco
Para Lampadia
9 de setiembre de 2016
A raíz de la tímida propuesta del gobierno PPK de reducir el IGV en 1 punto, materializada dentro del pedido de facultades recientemente solicitado al Congreso, llama la atención la oposición de algunos sectores.
Escuchar que el FREN.A (Frente Amplio) se oponga no es raro. Ellos quieren que los peruanos paguemos más tributos, quieren que haya más Estado, más burocracia y desean ser ellos los encargados de controlarla y redistribuir la riqueza que los peruanos generamos con nuestro trabajo, nuestro capital o nuestras empresas. Escuchar que se oponga AP, el APRA y economistas de izquierda, tampoco llama la atención.
Sin embargo, cuando escuchamos a periodistas y economistas liberales oponerse a esta tímida medida, me pregunto qué está pasando. Será que la idea del Estado Mínimo desapareció? Será tal vez que el “equilibrio presupuestal” se ha vuelto un dogma más importante que la disminución del poder y tamaño del Estado frente a los ciudadanos? O será que ya han claudicado en la búsqueda de un Estado pequeño, eficiente y honesto?
Lo cierto es que quienes ponemos esfuerzo, un poco de talento y algo de capital en nuestras iniciativas y emprendimientos, durante años, sin recibir nada a cambio del Estado, si queremos más plata en nuestros bolsillos, así sea un modesto 1% de menos del IGV. Es mejor que ese dinero esté en nuestros bolsillos que engrosando las arcas del Estado para pagar las innecesarias compras militares de Ollanta Humala o los sueldos de 39 generales policiales innecesarios. Lo prefiero en mi bolsillo que pagando el sueldo del señor Amílcar Gómez, amigo del comandante Humala que ha sido premiado por sus servicios en Locumba con una designación en UNASUR, para poner un ejemplo de lo que la política de turno puede hacer con nuestros impuestos. Lo prefiero en mi bolsillo o en su bolsillo amigo lector, que en los bolsillos de los presidentes regionales presos por corrupción y apropiación de recursos públicos. Lo prefiero en nuestros bolsillos que pagando el sueldo del funcionario público cuya única tarea consiste en exigir a ancianos que apenas caminan para cobrar su pensión, que previamente traigan un “certificado de sobrevivencia”, como si no se tratara de una exigencia innecesaria, que grafica la intrascendencia de miles de empleos públicos otorgados de favor. Podríamos señalar mil lugares donde no quisiera que esté ese 1% del IGV y mil razones para que se quede en el bolsillo de 30 millones de peruanos que están cansados de amamantar un estado dispendioso, voraz, insaciable e inútil que toleramos al resistirnos a una medida elemental como esta.
Si PPK quiere avanzar en la dirección que le ha marcado el resultado electoral del 10 de abril pasado, no debe quedarse en una reducción de 1% del IGV. Debe reducirlo aún más, por debajo del promedio del IVA mundial que es del 15% y ponerlo en el nivel de economías competitivas con un solo dígito. En el Perú, con el pésimo retorno de que se nos otorga a los ciudadanos en prestaciones, obras y beneficios por cada tributo directo o indirecto que pagamos, nada justifica un IGV alto. Mucho menos lo justifica el nivel de informalidad que tenemos, que sólo se puede revertir con una reducción significativa de tributos, barreras, licencias y trámites que genere estímulos reales para la formalización y por ende, para el aporte al erario nacional. Obviamente, con esta reducción en el IGV (para no hablar de la revisión de los tributos a la renta, que también se deben reducir y revisar, ya que al ser progresivos desalientan la productividad y la eficiencia de las personas y empresas) el Estado debe ajustarse los cinturones, debe revisar su tamaño (incrementado cotidianamente por un Congreso que crea nuevos distritos, provincias y universidades públicas, por ejemplo), debe ajustar sus gastos, hacer eficientes sus programas sociales, disminuir su derroche y mejorar su eficiencia. No podemos acomodar la tasa de los tributos a las necesidades de la voracidad estatal descontrolada. Eso nos llevará en la dirección contraria y lejos de bajarse los impuestos, se incrementarán los supuestos de incidencia tributaria como ya ha sucedido en ocasiones anteriores. Debemos acomodar el gasto estatal a las posibilidades de los contribuyentes, debemos reducir su crecimiento desmedido que según cifras del Consejo Fiscal sigue subiendo a razón del 5% mientras los ingresos se contraen. Debemos tener en cuenta la necesidad de recuperar el dinamismo de la economía (que no se logra incrementando tributos al valor agregado o menos a la Renta de las empresas) y obviamente, a la necesidad de que haya eficiencia, ahorro y disciplina en el Estado.
Habrá quienes piensan que recortar el IGV afectará escuelas públicas, salud pública o salarios policiales. Es probable que así suceda en un inicio si previamente no ajustamos el Estado, no lo hacemos más pequeño y eficiente, por lo cual el debate debe estar allí y no debe centrarse en como esquilmar aún más a los mismos ciudadanos.
Por todo ello, llama mucho la atención la reticencia del fujimorismo frente a esta propuesta. Ellos postularon un IGV Justo y que el Estado se lleve casi la quinta parte del precio de cualquier bien o servicio no es ni justo, ni conveniente. Ojalá recuerden lo dicho en la campaña electoral y concedan las facultades legislativas para que no solamente se baje el IGV, sino que se haga una fuerte reducción tributaria que verdaderamente estimule la economía, permita recuperar el dinamismo de nuestro aparato productivo y desaliente la informalidad.
Y usted, que es un ciudadano que paga IGV y otros tributos al igual que quien escribe, ¿quiere el dinero de la reducción del IGV en su bolsillo o prefiere que siga en manos del Estado? Estoy seguro que, al igual que el Presidente y quien escribe, lo prefiere en su bolsillo. El Congreso lo dirá.
Lampadia
