Dicen que si un animal camina como pato, vuela como pato y hace como pato, debe entonces ser un pato.
La intención del gobierno de comprar Repsol nos ha puesto a discutir sobre la conveniencia de tener empresas públicas. Y, a pesar de que cada uno tiene su posición, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo: el presidente debe llevar este proceso actuando de forma transparente y legal, pues nadie quiere dudar sobre su honestidad ni convicciones democráticas.
Por eso, el señor Humala debería ser consciente de que la actitud “compare, yo respondo lo que yo quiero” crea el riesgo de que esta situación parezca algo que nadie quiere de nuevo en el país.
Para empezar, el presidente tiene que explicar cómo la compra de Repsol es compatible con la Constitución. Esta le exige una autorización legal y expresa del Congreso (que no tiene) y que pruebe que la actividad empresarial no puede desarrollarla un privado (lo que nadie entiende cómo va a probar). Tiene que explicar esto porque un presidente demócrata y honesto respeta la Constitución.
Tiene que explicar también por qué la adquisición sería buen negocio. Por lo menos en el caso de La Pampilla, la información pública lleva a pensar que su compra sería pésima idea. Los especialistas consideran que no es más que chatarra. Tiene una deuda de US$600 millones y necesita invertir US$1,000 millones más solo para cumplir con la normativa ambiental. Por eso, y debido a su bajo margen de utilidad, no se habría escuchado de ofertas privadas por la refinería (a diferencia de lo que sucedió con el negocio de Repsol de LNG por el que un privado pagó unos US$6,500 millones). Parece incluso que los técnicos en el gobierno serían conscientes de esto, pues la iniciativa de compra no surgió de Petro-Perú (de hecho, en todo este embrollo el presidente de su directorio no ha dicho “esta boca es mía”) y por algo el MEF no firmó el reciente decreto supremo que facilita la adquisición de Repsol. Un presidente no puede dar la impresión de que usa el dinero irresponsablemente (porque así empiezan las suspicacias de que podría ser no un negocio, sino un negociado).
El presidente, además, tiene que explicar por qué se ha exceptuado a esta operación de fiscalización. No pasaría por el SNIP, no estaría bajo el ámbito del Fonafe y los funcionarios involucrados no serían considerados servidores públicos, lo que los libraría de sanciones administrativas y, en parte, de la contraloría. Un presidente honesto y demócrata actúa bajo el ojo público.
Finalmente, el presidente tiene que explicar cómo puede ser cierto (como señaló su ministro) que no se arriesgará dinero del fisco. Petro-Perú no tiene recursos para comprar La Pampilla. El 2012 sus utilidades fueron solo de S/.64 millones y en el primer bimestre del 2013 registra pérdidas acumuladas por S/.616 millones. Además, necesita US$3.450 millones para modernizar Talara. Si el gobierno quiere comprar Repsol, todo apunta a que va a meter la mano -y bien profundo- al bolsillo del contribuyente. Un presidente demócrata y honesto, por supuesto, no miente.
El señor Humala tiene que demostrar que le importa la Constitución, que no nos mete a negocios aparentemente sin sentido o turbios y que dice la verdad. Si no, podemos empezar a pensar que no tenemos un presidente, sino un pato.
Tomado de El Comercio, 2 de mayo, 2013
