La minería informal es toda actividad minera que se realiza sin cumplir con la legislación vigente sobre explotación de minerales en suelo patrio. En este conjunto se halla tanto la denominada minería ilegal y la artesanal informal.
Se considera que una operación minera es informal si –por ejemplo– no tiene título minero, ni título de acceso a la superficie, no está reconocida como pequeño productor minero, no tiene un instrumento ambiental, incumple con el pago de tributos, las normas laborales y de seguridad.
La legislación vigente denomina minería ilegal a operaciones que incumplen lo anterior, pero que además trabajan en zonas no permitidas por ley, usen o no maquinaria prohibida para la pequeña minería. Este tipo de minería está sujeta a interdicción y no puede llegar a ser formal.
De otro lado, está la minería artesanal y pequeña minería, que opera en zonas no prohibidas para la actividad minera. Si esta actividad cumple con los requisitos legales, puede llegar a ser formal.
La lucha contra la minería informal se ha venido dando en diferentes niveles. Desde los espectaculares operativos en La Pampa (Madre de Dios) hasta incautaciones de insumos para la operación (mercurio, cianuro, combustibles). Pero la debilidad de los gobiernos regionales y locales, así como del Ministerio Público y el Poder Judicial, hace que el fenómeno siga avanzando. Según cálculos preliminares de Macroconsult, la producción informal de oro llegó al 29% del total formal en el 2018. Al parecer, la lucha no se está ganando, más bien hay un casi empate técnico entre el Estado peruano y la actividad informal
El problema también tiene un lado social y político. Los entendidos hablan de cerca de 350,000 obreros mineros informales. Es decir, un grupo importante que se resiste por diversos medios a perder sus ingresos familiares y que también se expresa políticamente.
El problema de la minería ilegal es la contaminación ambiental y amenaza a la vida humana. Además de la destrucción del Estado de derecho. En el caso de la minería informal se trata llanamente de un robo a los recursos de la nación. El tesoro público no recibe los recursos y los gobiernos subnacionales se quedan sin el canon minero.
Si el Estado quiere realmente avanzar en la lucha contra este problema puede hacerlo. Desde esta pequeña columna sugerimos un simple combo.
Primero, recalibrar los requisitos que se exige a los mineros artesanales y pequeños mineros. Adecuarlos a la realidad económica y técnica de estos agentes. Brindarles la ayuda técnica y financiera necesaria. Y darles un plazo razonable de adecuación a la nueva normatividad vigente. El plazo debe ser obligatorio y creíble. Incluyendo tal vez planes de desarrollo alternativo, para los que no puedan adecuarse.
Segundo, lanzar la bomba atómica. Prohibir la exportación de oro que no pueda tener trazabilidad. Esta deberá contar con la aprobación centralizada del Ministerio de Energía y Minas. Una suerte de sello de garantía de que se trata de una operación minera formal. Esta parte incluye un acuerdo de cooperación con Bolivia (“acepto tu gas, pero no recibas mi oro ilegal). Sunat también puede hacer su parte en el caso de empresas que compran oro “reciclado”.
