Por: El Mercurio
1 de octubre de 2019
Tal como lo había advertido, el Presidente peruano, Martín Vizcarra, decretó la disolución del Congreso, con lo que se profundiza la crisis política que ha tenido enfrentados a los dos poderes del Estado desde la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el año pasado, y que se agudizó con el rechazo de los parlamentarios a un llamado a adelantar las elecciones para 2020. Es lamentable el caos institucional en que aparece sumido el vecino país producto de la incapacidad de los actores políticos para resolver las diferencias que han llevado la situación a este extremo, amenazando la democracia, y dividiendo al país.
Las características del sistema presidencialista “atenuado”, con rasgos de parlamentarismo, que definen al régimen político peruano, han contribuido también a agudizar el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo. Atado de manos frente a una mayoría parlamentaria adversa, que puede botar ministros y “vacar” la Presidencia, Vizcarra tomó una opción de cuestionable constitucionalidad, como lo fue vincular el pedido de confianza a su gobierno a un proyecto de ley que modificaba la fórmula para designar a los miembros del Tribunal Constitucional, e interpretar la elección de uno de ellos como una “negación fáctica de la confianza” solicitada. Su inmediato anuncio de disolución del Parlamento provocó, como reacción, el pedido de vacancia temporal de la Presidencia, aprobado por 86 de los 130 congresistas, y la juramentación en el cargo de Mercedes Aráoz (quien, sin embargo, anoche renunció al mismo).
Sin el respaldo incondicional que recibió el Presidente de las Fuerzas Armadas y de la policía, la rápida implementación de su decreto de disolución del Congreso no habría sido posible. La maniobra política de Vizcarra fue calificada de “golpe de Estado” por el presidente del disuelto Congreso, y hace recordar —aunque con evidentes diferencias— el “autogolpe” de Alberto Fujimori, que en 1992 también apoyado por los militares cerró el Parlamento. Las consecuencias de esta controvertida decisión presidencial, en todo caso, solo será posible medirlas según se desarrollen los acontecimientos y si se cumple la convocatoria para las elecciones, el 26 de enero.
Vizcarra ha justificado la disolución del Congreso como parte de su tenaz lucha contra la corrupción y contra “los blindajes y la inmunidad, que se usa como impunidad”, porque, según él, el nombramiento de los jueces del TC —que entre otras cosas pueden decidir la liberación de Keiko Fujimori, líder del partido que ostentaba la mayoría parlamentaria— requería un proceso limpio y transparente, sin la expedición con que se estaba efectuando, y con candidatos idóneos, que carecieran de acusaciones judiciales, como era el caso de seis de los aspirantes. La opinión pública les ha dado un amplio apoyo a las políticas anticorrupción del gobierno, pues hay un hastío contra las malas prácticas, las faltas reiteradas, los abusos de poder y los delitos cometidos en la esfera pública. Todavía no salen a la luz, por ejemplo, todos los detalles de los sobornos peruanos de Odebrecht, y se esperan nuevas delaciones del encargado de la compañía en las próximas semanas. Sin embargo, la búsqueda del legítimo objetivo de limpiar la política no justifica una medida extrema, más aún si esta aparece eventualmente reñida con la Constitución y arriesga quebrantar la continuidad democrática.
Este es un panorama inquietante para el futuro de Perú, tanto en lo político como en lo económico. Si bien los mercados se mantuvieron estables ayer, cunde la incertidumbre; el gobierno tendrá que asegurar que las condiciones para la actividad económica no cambiarán. En cuanto al proceso electoral, este debe cumplir con las más estrictas normas democráticas, permitir la participación de todos los candidatos habilitados, evitar acusaciones de fraude, y apuntar a que, tras esa elección, se restablezcan los equilibrios que permitan la convivencia política.
Desde la perspectiva de Chile, es preocupante que un país con el que se han logrado estrechar notablemente los lazos y la cooperación bilateral atraviese por una situación de esta complejidad. Junto con alentar el entendimiento y la salvaguardia de los valores democráticos, cabe observar la evolución del proceso y tomar nota de los extremos a que puede llevar la exacerbación del conflicto político y el uso abusivo de los mecanismos constitucionales.
